Crisis humanitaria en la comunidad campesina de El Guayabo

Puerto Wilches – Santander, 13 de Diciembre 2017

PENSAMIENTO Y ACCIÓN SOCIAL-PAS, PROTECTION INTERNATIONAL-PI Y PEACE WATCH SWITZERLAND, entidades nacionales e internacionales que desde 2013 acompañamos a la comunidad de El Guayabo, manifestamos nuestra preocupación por la crisis humanitaria que a la comunidad del Guayabo, como consecuencia del cumplimiento de la orden judicial de desalojo del predio San Felipe, ordenado por el juez promiscuo del municipio de Puerto Wilches, Santander, hoy, miércoles 13 de diciembre del 2017.

 

Vemos con enorme preocupación y dolor la situación a la que están próximas a ser sometidas las 60 familias campesinas que componen la comunidad. Son campesinos y campesinas trabajadoras, que desde hace más de 25 años ejercen el derecho de posesión sobre los predio Altamira y San Felipe, de los cuales dependen para la subsistencia de sus familias. Con esta orden judicial de desalojo se materializa un desplazamiento forzado que re-victimiza a familias campesinas, históricamente afectadas por la violencia, el conflicto armado y el abandono estatal.

ANTECEDENTES

La comunidad de El Guayabo viene trabajando estos predios desde hace más de 40 años, motivadas por la necesidad de sustento diario y el abandono en el que se encontraban las tierras. En 1977, inicio acciones institucionales y jurídicas de reclamación ante la Dirección Regional del INCORA Santander. Desde entonces, ha resistido diversos ataques, intimidaciones, desalojos y acciones jurídicas.

En el 2002, el señor Rodrigo López Henao, quien afirma ser el propietario de estas tierras, empieza a realizar acciones jurídicas y otras violentas e ilegales, para forzar la comunidad a desplazarse. López Henao afirma ser víctima de desplazamiento por parte de la guerrilla, hecho que la Unidad Nacional de Víctimas no reconoce, excluyéndolo del Registro Único de Víctimas en el año 2016.

Los miembros de la comunidad enfrentan también una criminalización contra su organización y defensa de derechos que recae sobre sus líderes y lideresas, objeto de procesos penales a través de falsas acusaciones. Hoy, cuatro líderes afrontan un proceso penal injusto y uno de ellos, Álvaro García, fue recientemente encarcelado y, luego de un año, dejado en libertad mientras avanza la demanda.

Campesinos y campesinas de El Guayabo son reconocidas como víctimas del conflicto y están amparadas por la Ley de Víctimas.

La comunidad ha realizado numerosas denuncias penales en contra del Sr. López Henao, sin embargo no se conocen avances sobre las mismas, no hay apertura de investigaciones ni sanciones penales.

Durante 2017 se han frenado otros tres intentos de desalojo.

El anterior Inspector de Policía del corregimiento de Vijagual, Leonel Gutiérrez Lagares, quien inició el proceso de desalojo de la comunidad, se encuentra detenido por el delito de concierto para delinquir agravado y vínculos con el paramilitarismo. Este funcionario intentó un desalojo en el año 2013 sin ser competente para ello.

 

HECHOS

  1. El ESMAD cumple hoy con la orden de desalojo de la comunidad ordenado por el juez promiscuo del municipio de Puerto Wilches, Santander, hoy, miércoles 13 de diciembre del 2017
  2.  La actuación de las autoridades administrativas y judiciales locales y regionales, presentan irregularidades procesales, falta de garantías y de imparcialidad. En este caso ha sido evidente el favorecimiento hacia el señor Rodrigo López Henao, quien reclama la propiedad de las tierras que no ha poseído ni trabajado.
  3. La Agencia Nacional de Tierras ha presentado tutelas solicitando ser integrada al proceso legal ya que varios terrenos son baldíos de la nación y podrían ser utilizados para reparar a los campesinos del Guayabo, víctimas del conflicto.

 

SOLICITUDES

En vista de los antecedentes y los hechos presentados solicitamos:

A la Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios que revise todas las irregularidades del proceso civil ordinario reivindicatorio a cargo del juez promiscuo municipal de Puerto Wilches.

Se suspenda el desalojo en consideración de los recursos tutelares y las medidas cautelares presentadas.

A las autoridades locales y regionales, que tomen todas las medidas para garantizar la vida y la integridad de esta comunidad campesina y sus líderes y lideresas, sujetos de especial protección por su condición de víctimas y defensora de Derechos Humanos.

Requerir al señor López Henao que responda ante las autoridades por los hechos relatados, en la medida en que los responsables directos dijeron actuar bajo sus órdenes.

Incluir a la Agencia Nacional de Tierras –ANT-, en este proceso y entregar a los campesinos los terrenos baldíos para repararlos en su calidad de víctimas.