Caravaneando por el territorio nariñense

CdPueblos Noticias agosto 25, 2014


El día 20 de  agosto dio inicio la caravana por la defensa del territorio nariñense, la cual tiene como objetivo visibilizar el contexto del conflicto social y armado, la violación de los Derechos Humanos (DDHH)  y Derecho Internacional Humanitario (DIH), y el acompañamiento a las organizaciones sociales y de derechos humanos de los municipios de Samaniego, Túquerres, y los municipios aledaños. Forman parte de la caravana organizaciones tales como Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher), Congreso de los pueblos, Coordinador Nacional Agrario (CNA) y Comité de Derechos Humanos del sector montañoso de Samaniego.

En el acto de inauguración de la caravana que tuvo lugar en la ciudad de Pasto, se presentaron las distintas organizaciones participantes, socializando el contexto y la compleja realidad social a la que ha sido sometida la población campesina e indígena de la zona. Posteriormente varios internacionalistas acudieron a distintos medios de comunicación a visibilizar y difundir los objetivos de la caravana.

Por otro lado a este evento fueron invitadas autoridades departamentales, defensoría del pueblo, oficina de derechos humanos de la ONU y fuerzas militares y de policía, las cuales  no se presentaron a la misma, mostrando una vez más la falta de interés por las acciones dirigidas a la defensa del territorio y de los derechos humanos que desarrollan las distintas organizaciones de base campesina, indígena, afro descendientes y populares.

La caravana partió a Samaniego, el 21 de Agosto, llegando a la vereda de San Juan, corregimiento de San Diego, donde se caminó en el reconocimiento del territorio acompañada por la comunidad. En este recorrido dieron a conocer las zonas afectadas por la presencia de minas antipersona , la estigmatización social que padecen, la imposibilidad  del uso de los terrenos minados para la explotación agraria y la dificultad en el tránsito de la comunidad, así como los hostigamientos sufridos y sometimiento constante a la población civil al fuego cruzado entre los actores armados. Esta realidad pone en riesgo la vida de las personas de la comunidad, además de un empeoramiento de sus condiciones de vida, sometiéndolos a un empobrecimiento progresivo, obligándolos a un desplazamiento forzado del territorio.

Al día siguiente la caravana se trasladó al corregimiento de Betania donde las organizaciones participantes se reunieron con la comunidad en una plenaria, conociendo en testimonio público y denuncias privadas las violaciones en DDHH y DIH.  En ella se visibilizó que a raíz de la realidad social y política del conflicto armado en Colombia, el Estado ha establecido como estrategia para mitigar la presencia de grupos armados, políticas nacionales de consolidación territorial y militar, trayendo como consecuencia  despojo, desarraigo, fumigaciones, saqueo de bienes naturales por parte de multinacionales y la sistemática violación de los derechos humanos de la población.

Entre los diferentes testimonios recogidos salieron a la luz casos de agresiones sexuales, robos, hostigamientos, amenazas, señalamiento constante, vejaciones, ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, secuestros, revictimización, judicializaciones arbitrarias e impunidad judicial constante, así como lesiones y asesinatos tanto directos como por fuego cruzado y minas antipersonas.

Esta realidad de peligro constante para la población sigue estando presente y como ejemplo de ello durante el desarrollo de la caravana a escasos kilómetros de la misma, Enrique  Mora, exconcejal del municipio de Soto Mayor  fue víctima de una mina antipersona,  falleciendo en el acto.

Se participó en un acto público convocado por las organizaciones sociales a favor de “la paz, permanencia en el territorio, y vida digna”, donde la policía tomó fotografías de las pancartas y asistentes incumpliendo lo establecido en el DIH. Posteriormente una comisión de la caravana acudió a dos invasiones de la localidad denominadas “El Mirador” y “La Avenida” donde se pudo comprobar las duras condiciones de vida en las que se encuentran, así como su temor consecuencia de  amenazas por parte de fuerza pública y otros actores, derivadas del conflicto social y armado, así como a ser desplazados nuevamente.

Recapitulando las aportaciones de miembros de la comunidad, la caravana recoge el rechazo por parte de los mismos a: la  aplicación del Plan de Consolidación Territorial, los proyectos minero-energéticos de las transnacionales, las fumigaciones que dañan el medioambiente y los cultivos de pan coger la militarización del territorio, la estigmatización,  judicialización previa, y la impunidad judicial.

Por otro lado las principales peticiones de la comunidad son: realizar el desminado humanitario urgente de las zonas afectadas, otorgar las garantías necesarias a los desplazados para el retorno a sus territorios, promover políticas agrarias autónomas así como alternativas sostenibles a los cultivos de uso ilícitos, todo ello en el marco de exigencias para promover la paz con justicia social.

Una vez finalizado su recorrido por la zona montañosa de Samaniego, la caravana se dispone a conocer las realidades de la tierra túquerreñas.