Encuentro territorial por la Paz en Colombia.

 

Compartimos las conclusiones del “Encuentro territorial para la paz en Colombia” realizado el 23 de marzo en Valencia

 

 

El Encuentro Territorial para la Paz en Colombia, celebrado en Valencia el 23 de marzo, saluda el esperanzador Proceso de Paz que está viviendo Colombia en estos momentos con la apertura de diálogos entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP, a la espera que se extienda al resto de la insurgencia, y la gran movilización popular que se está desarrollando en todo el país, encarnada en diferentes iniciativas de participación, que arropan y alimentan con sus propuestas las conversaciones para conseguir una solución política negociada al conflicto social y armado, que asegure la Paz con Justicia Social en Colombia.

 

Nos hemos reunido para trabajar conjuntamente en la elaboración de propuestas que aporten en el camino de la Paz y estas son nuestras conclusiones:

 

1.- La emigración y el exilio colombiano como sujeto político en la construcción de la Paz.

 

–      En el proceso de paz, debe ser incluida la voz de las personas migrantes, exiliadas y refugiadas. Es necesario visibilizar e incluir en las distintas agendas la voz de las mujeres, las cuales vienen proclamando la exigencia de justicia política y social en Colombia.

 

–      Exigimos que se reconozca a la persona emigrante como sujeto político y no como mercancía o fuerza de trabajo disponible, tal y como lo han venido haciendo las distintas políticas migratorias.

 

–      Defendemos unos programas de retorno que deben constituirse como una política de Estado; para esto debe existir una mayor implicación de las instituciones (SENA, entidades financieras, universidades, consulados), así como una asignación presupuestario suficiente.

 

–      Los planes y proyectos deben ser accesibles para que atiendan las necesidades y particularidades de los emigrados. Un primer paso es la puesta en marcha del Sistema Nacional de Migraciones, para esto proponemos que se constituyan Casas del Emigrante, como espacios de acogida de las colombianas y los colombianos retornados en las que se ofrezcan los siguientes servicios: apoyo psicológico, orientación laboral, apoyo para la reconstrucción de redes.

 

–      Una de las condiciones esenciales para el retorno es que se lleve a cabo un proceso serio de justicia, paz y reparación para las víctimas del conflicto armado y se creen las bases para una paz duradera, las cuales se edifican sobre la reforma agraria y la soberanía popular.

 

–      Es necesario construir una memoria histórica del fenómeno migratorio colombiano que recoja las causas y sistematice las diferentes experiencias, para esto se debe hacer un censo urgente de la diáspora colombiana, que de a conocer cuánt@s somos y dónde estamos.

 

–      El Gobierno Colombiano debe recoger aquellas propuestas que se vienen construyendo en Colombia con las que se está impulsando un modelo de desarrollo humano y sostenible en Colombia, autónomo, endógeno y ajeno al etnocentrismo. En esta tarea las colombianas y colombianos emigrados pueden y deben aportar su experiencia, para proponer alternativas al modelo de desarrollo vigente que es claramente insostenible desde un punto de vista social, político y ecológico.

 

–      Exigimos la participación de la sociedad civil en el proceso de paz; visibilizando la lucha de las personas refugiadas, especialmente la de las mujeres.

 

Es fundamental defender los acumulados de las organizaciones y los colombianos y colombianas en el exterior. Para conseguirlo, se pueden generar foros amplios de participación o sumar a los ya existentes, de forma que se de continuidad con la construcción política y la consolidación de procesos de participación ciudadana. En este proceso de consolidación organizativa es importante seguir trabajando para que las distintas plataformas que trabajan por la paz en Colombia lleguen a acuerdos y se generen dinámicas de coordinación a nivel local, nacional e internacional.

 

–      Debemos promover y apoyar sistemáticamente la participación de los ciudadanos y ciudadanas emigrados, en un proceso de doble vía entre organizaciones y el Estado, cumpliendo una labor de veeduría y control de los diferentes programas, de forma que realmente se lleven a cabo y cumplan sus objetivos.

 

–      La exigencia de garantías para el retorno es un elemento central de nuestro trabajo. Para ello, nos comprometemos a generar espacios para la articulación de las distintas dinámicas organizativas de los colombianos y colombianas en el exterior, sólo mediante la unidad en la acción lograremos que sean tenidas en cuenta nuestras exigencias y propuestas.

 

 

2.- Mecanismos, garantías y estrategias de participación política.

 

– Reconocemos el dinamismo y la presencia del movimiento social colombiano, que ha desarrollado una estrategia de resistencia de las organizaciones populares, constituida en sí misma en propuesta política, que incluye acciones transformadoras. Es fundamental que la propuesta comprenda la construcción de Poder que legitime al movimiento social frente a la sociedad y al Estado. Este es un trabajo que debe hacerse desde la base de las organizaciones.

 

– Consideramos importante que se protejan las experiencias populares existentes y, para ello, ha de fortalecerse el movimiento social. Destacamos las siguientes iniciativas como esenciales para este fin:

 

–  Canalizar el resentimiento, la rabia y la impotencia que inmoviliza a la sociedad.

 

–  Superar estereotipos culturales que persisten en el imaginario social, que nos marcan e impiden generar confianzas dentro de las propias organizaciones sociales.

 

–  Generar procesos educativos para superar el miedo y conseguir legitimación ante la sociedad.

 

–  Conseguir una situación de cese al fuego real, lo que favorecería un ambiente de participación

 

–  Trabajar por la unidad en el movimiento social, sumar las diferentes inconformidades, identificar y trabajar sobre lo común para elaborar propuestas y metodologías comunes. Con ello avanzaríamos en la legitimación y la construcción de poder.

 

–  Desarrollar las estrategias de protección de las y los integrantes de los movimientos sociales, de nuestros líderes, de nuestras organizaciones.

 

–      Exigimos al Estado las siguientes garantías:

 

–  Cumplimiento de la legalidad, en especial en lo referente a la defensa de la vida, de los Derechos Humanos, la redistribución de la riqueza y el reparto de la tierra.

 

–  El reconocimiento y protección de los movimientos sociales como actores políticos de pleno derecho.

 

–  El cese de la represión de los movimientos sociales. Denunciamos, en este sentido, la contradicción existente entre el desarrollo de los diálogos de La Habana, como apuesta por el proceso de Paz, y el aumento de las agresiones contra las defensoras y defensores de los Derechos Humanos en Colombia.

 

–  Exigimos, asimismo, el desmantelamiento del paramilitarismo, que como estrategia terrorista del Estado Colombiano constituye un grave obstáculo al proceso de Paz.

 

–  El Estado debe velar por que los medios de comunicación transmitan un discurso plural.

 

–  No debe permitir que las empresas transnacionales dicten las políticas e incluso decidan sobre la participación popular.

 

–  Debe facilitar la participación política de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, tradicionalmente excluidos. En especial, debe implementar fórmulas para la participación social y política de las colombianas y colombianos en el exterior.

 

–  Debe garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de Estado.

 

–  El Estado no debe asumir la representatividad de la sociedad civil en el proceso de paz, por el contrario debe garantizar la participación en las conversaciones de los sectores populares colombianos.

 

–      Consideramos que las reglas de juego actuales no garantizan una participación efectiva por lo que hay que cambiarlas, incrementando la capacidad de incidencia política de los movimientos sociales.

 

–      Exigimos, por ello, al Estado la creación de espacios seguros que permitan la participación política de aquellas opciones que pretenden cambiar el actual modelo excluyente

 

 

3.- Papel de la comunidad internacional y de la solidaridad internacionalista en el Proceso de Paz.

 

–      Creemos que la comunidad internacional debe jugar un papel fundamental de acompañamiento y facilitación del proceso, así como de apoyo decidido para cumplir los eventuales acuerdos a los que se llegue. En este sentido, exigimos una implicación más activa del Gobierno Español y de la Unión Europea, los cuales hasta el momento han mantenido una posición distanciada.

 

–      El Gobierno Español y la Unión Europea han de incidir políticamente en las partes en conflicto en favor del respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, así como en la consecución de una Paz con Justicia Social. Se hace así imprescindible que la insurgencia colombiana sea excluida de la lista de organizaciones consideradas terroristas por la Unión Europea.

 

–      El Congreso de los Diputados y los Parlamentos Autonómicos deberían posicionarse claramente a favor de la Paz con Justicia Social en Colombia, solicitando una mayor implicación del Gobierno Español. Proponemos la creación de un grupo de trabajo conjunto por Colombia compuesto por representantes de los diferentes parlamentos.

 

–      Creemos que, en términos más amplios, debe haber un incremento de la presión política internacional por parte de organizaciones sociales, partidos políticos e instituciones, a favor de la Paz con Justicia Social en Colombia.

 

–      Exigimos la no ratificación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, ya que impone un modelo económico y comercial perjudicial para las clases populares colombianas y dificulta la consecución de un acuerdo negociado de superación del conflicto social y armado.

 

 

– Consideramos imprescindible que se hagan públicos los intereses económicos de los diferentes grupos empresariales extranjeros en Colombia, en especial de los españoles.

 

– Exigimos el control efectivo del comercio internacional de armas, que perpetúa los conflictos y causa emigración.

 

– Desde la Solidaridad Internacionalista debemos defender que la Paz en Colombia solo será posible si se actúa sobre las causas estructurales del conflicto. Creemos que hay que construir la Paz con Justicia Social.

 

–      Apostamos por la renovación del compromiso y por el fortalecimiento de los tradicionales vínculos de la Solidaridad Internacionalista con los movimientos sociales, las organizaciones populares y las comunidades colombianas, que nos han permitido un acompañamiento más eficaz, basado en un conocimiento real de la situación del país.

 

–      Consideramos como una tarea fundamental de la Solidaridad Internacionalista el apoyo a las víctimas del conflicto social y armado que sufre Colombia.

 

–      Creemos esencial el apoyo de la Solidaridad Internacionalista a las organizaciones colombianas de mujeres y su enfoque de género para la salida al conflicto social y armado.

 

–      La Solidaridad Internacionalista debe seguir denunciando la grave crisis de Derechos Humanos que vive Colombia, en especial en estos momentos, cuando las organizaciones populares y los defensores de Derechos Humanos sufren una grave arremetida de amenazas, agresiones y represión.

 

–      Destacamos la importancia de la coordinación en el trabajo de solidaridad con Colombia, realizada desde una perspectiva territorial o sectorial. Consideramos que esta coordinación tiene su mejor expresión en la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (Estado Español). El trabajo coordinado, en base a decisiones consensuadas, nos permitirá una mayor incidencia tanto a nivel nacional como internacional.

 

–      Desde la Solidaridad Internacionalista debemos seguir trabajando en la presión a las autoridades de nuestros países, tanto a nivel europeo, estatal, como autonómico, para que adopten un papel más proactivo en la exigencia del respeto a los Derechos Humanos en Colombia y en la tarea de la consecución de la Paz con Justicia Social. En este sentido, creemos importante animar la realización de misiones de verificación con políticos de todo el Estado, así como la adopción de iniciativas legislativas en los diferentes Parlamentos.

 

–      Denunciamos las dificultades que hemos encontrado en el Gobierno Español y, en nuestro caso, en el Partido Popular valenciano, el cual está bloqueando cualquier iniciativa parlamentaria en este sentido, así como negándose a

 

cualquier exigencia dirigida al Gobierno Colombiano, con el que ha mantenido buenas relaciones y desestimando toda propuesta de apoyo institucional o de cooperación a las organizaciones de Derechos Humanos colombianas.

 

–      Creemos que es muy importante mejorar nuestra capacidad de acceso a los medios de comunicación, para contrarrestar la imagen distorsionada que ofrecen de la realidad colombiana, generalmente vinculada al discurso oficial y a los intereses de los grandes grupos económicos. Para ello, debemos renovar nuestro discurso, haciéndolo más accesible a la opinión pública y, en especial, más atractivo para los jóvenes, de los cuales necesitamos urgentemente su participación. Pensamos que sería también beneficioso para este propósito crear un mecanismo coordinado de difusión, para la incidencia pública y el análisis de la situación colombiana y el proceso de Paz.

 

–      Creemos que esta labor de incidencia pública se debe realizar de forma paulatina, gota a gota, acudiendo a los barrios, a los pueblos, activando colectivos de influencia (asociaciones, movimientos, universidad, iglesia). No obstante, en momentos de urgencia, como el actual, quizás sería conveniente desarrollar de forma unitaria actos públicos, campañas (con la participación de personajes famosos).

 

Proponemos para el 9 de abril la realización simultánea, en diferentes ciudades del Estado, de actos públicos en apoyo a la gran marcha por la Paz que se celebrará ese día en Bogotá. Proponemos también, ya para el segundo semestre del año (preferiblemente en conjunción con alguna convocatoria amplia en Colombia), la realización de un acto central y bien planificado, acompañado de actividades preparatorias descentralizadas, impulsado por la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos (Estado Español)

 

Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colòmbia

Valencia 23 de marzo de 2013