Dirigentes avanzaron por ejes de trabajo en Cumbre Agraria

CdPueblos Noticias marzo 17, 2014

Para la transformación del campo

En total, más de 4000 dirigentes sociales, comunitarios y populares abordaron, este sábado 16 de marzo, los 8 ejes de trabajo de la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular, destinados para el segundo día. Cada eje sesionó en dos mesas, para un total de 16 mesas que contaron con la participación de unos 250 delegados y delegadas que durante toda la mañana construyeron los puntos centrales del pliego unitario de la Cumbre.

Como trasfondo de un proceso que viene desde el año pasado, los insumos y las conclusiones, producto de las más de 20 precumbres regionales, fueron vitales para orientar estos ejes desde las regiones y localidades mismas. Con palabreros, palabreras y relatoras, que desde el día de ayer organizaron la metodología de sistematización, la Cumbre Agraria avanza hacia la consolidación de una agenda conjunta que exija la trasformación del campo y de las condiciones de las poblaciones campesinas, comunidades negras, pueblos indígenas y pobladores urbano-populares.

En el primer eje, Tierras, territorios, soberanía alimentaria y ambiente, el cual sesionó en 3 mesas, se propuso insistir en la autodeterminación de las comunidades y en la garantía de las condiciones para desarrollar una economía propia; esto se expresa, según los participantes, en el acceso a las tierras, pero además en el ordenamiento territorial autónomo y popular, tales como los planes de vida. Quienes plantearon esta idea dijeron que estos planes deben tomar en cuenta la financiación del estado e inclusión en la política pública de las propuestas productivas, de conservación y de aprovechamiento de las comunidades; también implica las condiciones para la soberanía alimentaria, la defensa de las semillas, defensa del agua como bien público y la exigencia del reconocimiento del campesinado como un actor político con derechos.

El respeto por la territorialidad y las garantías fundamentales para la permanencia en las regiones fue otro de los grandes pilares destacados por los asistentes, quienes aseveraron que tal respeto se expresa también en las preocupaciones por el cuidado de las fuentes hídricas, por la regulación del clima y por la defensa de los patrimonios culturales y ambientales. En estas mesas, además de las exigencias por reforma agraria integral y por reconocimiento político de los sectores populares, los delegados y delegadas afirmaron que la cultura, la espiritualidad y el medio ambiente son parte integral de esta propuesta de país.

En el segundo eje, economía propia vs modelo de despojo, se dejó claro que la exigencia central al gobierno en turno, y al Estado en general, es la derogación de las leyes del despojo, empezando por los TLC´s, por las leyes que persiguen la pequeña producción campesina de alimentos, la circulación de semillas y que promueven e impulsan la privatización de los bienes comunes: agua, aire, páramos, mares, manglares, entre otros. En este eje se enfatizó que las políticas públicas han estado encaminadas a promover la privatización y la exclusión de los sectores populares de la economía, por lo que “nuestra” exigencia es construir y promover economías a escalas local y regional que aporten, primero, a la soberanía alimentaria, y después a una economía nacional, soberana y popular.  

El tercer eje, minería y energía, retomó la enorme preocupación por los impactos ambientales sociales y culturales que ha ocasionado en el pasado la explotación petrolera y minera, y que prometen con arrasar en el futuro a las comunidades rurales del país con la invasión de capitales extranjeros en busca de oro y recursos energéticos.

Ante esta situación, la primera y más importante exigencia de los sectores populares es la soberanía. Soberanía territorial que permita y garantice la permanencia en el territorio y las condiciones de vida digna, la soberanía nacional, que garantice que las riquezas de nuestros pueblos permanezcan en nuestro país y contribuyan con el cumplimiento de los derechos sociales fundamentales de toda la población; y la soberanía energética que garantice el acceso a la energía y a los combustibles bajo condiciones de bienestar colectivo. Estas demandas de soberanía implican regulación y reducción de precios, regulación público-comunitaria del aprovechamiento de los recursos energéticos, aprovechamiento público de las regalías y regulación ambiental de los procesos industriales de producción energética.

El cuarto eje, de cultivos de coca, amapola y marihuana, enfatizó en la necesidad de desestigmatizar a los productores de estos cultivos y exigir al gobierno nacional una lectura integral de esta problemática. “No es un problema de una vereda o de un municipio, es un problema de la economía nacional”, se afirmó en las mesas, demostrando que el trato delictivo no solo es insuficiente y represivo, sino que esconde la histórica ausencia de la política social del Estado en las regiones donde estos cultivos son el único medio de subsistencia. Ante este panorama, se concluyó, no es posible aceptar la erradicación y mucho menos la fumigación de cultivos; por el contrario, se exige el apoyo a los procesos de sustitución propios, territoriales, productivos y concertados.

En el quinto eje, relativo a los derechos sociales, se dejó sentado que existe también un avance significativo en la valoración de la actual situación, estableciendo que se ha configurado un Estado privatizador y que es necesario recuperar el carácter social y público de la función del Estado. Tal como lo expresaron los participantes, lo anterior implica exigencias concretas como la derogación de la ley 100 y todas las leyes que han flexibilizado el trabajo y la calidad de la educación. En este mismo sentido, se recalcó que en ls últimos tiempos se vienen haciendo exigencias para garantizar el acceso gratuito y universal tanto a la educación, como a la salud. Otro aspecto a resaltar de las mesas es el relacionado con el diálogo interétnico, el cual permite enriquecer el debate y comprender que también hay practicas sanatorias, educativas y laborales ancestrales que son amenazadas por la acción o falta de acción del Estado, obligando a exigir el respeto y la defensa de la culturas de pueblos indígenas y comunidades negras.

El eje de derechos políticos, garantías y justicia, recogió los debates sobre los detenidos y detenidas políticas, sobre los hechos de estigmatización y represión que han sufrido las organizaciones y las movilizaciones, recordando claramente los muertos y heridos del paro agrario de agosto de 2013. Por esta razón, y porque existe todo un cumulo de antecedentes sobre la falta de cumplimientos y garantías, este eje se encaminó en la idea de que la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, le exigiera al gobierno nacional el reconocimiento de la legitimidad de la movilización y, por consecuencia, la justicia y la reparación de quienes han sido víctimas de la violencia del estado, así como la regulación, investigación y penalización de las fuerzas militares, que han actuado bajo prácticas corruptas, y ajenas al bienestar de las mayorías.

El séptimo eje, de Paz, justicia social y solución política, propuso, como medida urgente e inmediata, la solución a la crisis humanitaria que sigue ocasionando el conflicto armado, pero al mismo tiempo ha puesto de referente la necesidad de avanzar en la solución negociada del conflicto, que reconozca el origen histórico del mismo y que por otra parte reconozca las responsabilidades del Estado. Soluciones políticas que incluyan a las organizaciones populares y que permitan avanzar en la construcción de un movimiento social por la paz.