La gente de Pitalito retorna a su tierra a pesar del terror militarista

El retorno de las 17 familias colombianas a su vereda Pitalito, en el departamento del Cesar, se da después de dos años y medio de ser sometidos a desplazamiento forzado, a la persecución y a la estigmatización. Hasta ahora los órganos de control (la defensoría del pueblo, la procuraduría) no han hecho presencia, a pesar de la solicitud de la comunidad para que les garanticen sus derechos, en especial, a la vida. El principal actor de este crimen, con fines de despojo, es el palmicultor JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO

 Quienes hicieron presencia fueron los militares quienes de forma intimidante han querido tomar fotos y registrar los nombres de las personas que se encuentran en la jornada de retorno.

Ante este hecho la comunidad manifiesta su preocupación. Y manifiesta la falsedad de los argumentos dados por el ejército para justificar su incursión en los medios de la vereda Pitalito. El ejército asegura que “los llamó el administrador del predio por supuestas amenazas e invasión a sus predios.” Luego manifestaron que estaban ahí porque tenían derecho de estar, y porque protegían el retorno”. Tal como lo esbozó el soldado al mando, un Teniente de apellido Barajas, con quien pudo hablar la comunidad.

Seis meses de terror para el despojo por medio de la intimidación y soborno económico, militarismo, y arbitrariedades legales de la alcaldía.

La comunidad también denuncia que en el año 2010, para provocar el desplazamiento forzado, éste mismo ejército fue uno de los dispositivos que utilizó el despojador de tierras llamado Juan Manuel Fernández de Castro, quien para provocar el despojo, combinó varias formas de terror: “intimidación y persuasión económica, la militarización, y la utilización de lo “legal”. Todo ante la inoperancia cómplice del Gobierno nacional y regional, para ejecutar el desalojo y desplazamiento forzado de las familias. Ante esto hacen un llamado al gobierno y a la sociedad en general para que eviten que este crimen se repita.

Las familias de la vereda Pitalito, que en principio eran unas 20, vivieron por 27 años en esta vereda ubicada en jurisdicciones de los municipios de Curumaní y Chimichagua del departamento del Cesar.

En enero de 2010 empezaron las presiones por parte del palmicultor Juan Manuel Fernández de Castro. Primero llegó con un grupo de hombres armados, para que los campesinos entregaran las tierras o las vendieran a un precio determinado por él. Luego, soldados, al parecer del ejército y civiles que trabajando al servicio del despojador destruyeron y quemaron las casas de la comunidad quienes se refugiaron en la escuela y una casa; un par de meses después de nuevo hombres armados llegaron a la vereda, quemaron los cultivos y amenazaron con asesinar a quien no se abandone los predios. sus casas fueron destruidas, quemadas, los cultivos devastados,

El 24 de junio de 2010, como consecuencia de una irregular orden de desalojo emanada de la Alcaldía de Chimichagua, la comunidad es expulsada de su territorio. Ese día se destruyeron los cambuches provisionales de las familias, se sacaron sus pertenencias y cada miembro de la comunidad: hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas, jóvenes, fueron subidos a un camión de la Policía, al parecer del ESMAD y trasladados a inmediaciones del casco urbano de Curumaní.

En la jornada de retorno que empezó hoy 21 de mayo/2013 han participado organizaciones defensoras de derechos humanos como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el MOVICE, y Brigadas Internacionales de Paz, entre otras.

Desde el Congreso de los Pueblos seguimos con nuestra política de Acabar el latifundio, Construir políticas comunes y luchar para garantizar el acceso y la titulación a la propiedad de la tierra en condiciones de igualdad; c. Luchar por la restitución de tierras; d.Buscar la verdad en materia de despojo – Construcción colectiva de condiciones de justicia y no repetición. Por eso estamos en Pitalito Cesar, por eso seguimos movilizados por la vida y la permanencia en el territorio.

 

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