No es sólo una destitución, es un ataque a la democracia

El Congreso de los Pueblos rechaza categóricamente la destitución del cargo e inhabilidad por el término de 15 años, impuesta por el Procurador General de la Nación, contra Gustavo Petro, alcalde de Bogotá. Este tipo de decisiones niega las garantías políticas para que la oposición participe en la institucionalidad estatal, ya sea en los espacios de gobierno, o en cualquier otra instancia.

La decisión de Ordóñez no es sólo una destitución, constituye una evidencia de la funcionalidad del estado a los intereses del capital, usufructuando lo público justificado en el supuesto derecho de libertad de empresa. A la vez es un acto arbitrario de provocación y violencia contra las mayorías, que en ejercicio del voto popular eligieron a Gustavo Petro como Alcalde de Bogotá. También es una amenaza para la participación en el poder de las  fuerzas políticas de izquierda y democráticas, que le apuestan a la opción de transformar el país a partir de la vinculación a cargos públicos de elección popular.

Exigimos al gobierno nacional coherencia con su discurso sobre la paz; que garantice, como es su deber, las condiciones democráticas para que los gobiernos locales puedan funcionar; garantías y respeto a los gobiernos de los pueblos indígenas; garantías y respeto para los defensores de derechos humanos, los reclamantes de tierra y los militantes de las organizaciones sociales y políticas perseguidos, asesinados, desplazados y encarcelados. Exigimos el desmonte de la política de represión y persecución contra la oposición política y que se sancione a los responsables de las violaciones a sus derechos. Seguimos sosteniendo que la paz no consiste únicamente en el silenciamiento de los fusiles. A nuestro juicio, no podrá consolidarse una sociedad en paz sin los cambios políticos, económicos y sociales que superen las raíces del conflicto y nos enrumben hacia un país con vida digna y justicia social, y sin revertir las acciones del Estado que vulneran los derechos de los pueblos, tales como la hegemonía del poder en contra de las voluntades y propuestas políticas populares, las condiciones de pobreza, desigualdad,  marginalidad, impunidad, terror estatal, exclusión política, despojos de los recursos minero-energéticos, la destrucción de la naturaleza, la explotación laboral y la opresión económica que condena a millones de colombianos/as a la miseria. Esto niega la paz y la democracia.
 
Hacemos parte del movimiento popular y de las propuestas por la democratización de la ciudad, como la de Bogotá Humana; por eso nos alineamos en la defensa de lo público y estamos en contra de las privatizaciones y demás políticas neoliberales impuestas por el Estado. El Congreso de los Pueblos convoca a la movilización social y popular para defender la ciudad, la paz y la democracia que Colombia necesita.

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