Petróleo, Paz y Soberanía

CdPueblos Opinión septiembre 14, 2013

Si bien es cierto el problema agrario ha sido raíz fundamental del conflicto armado en Colombia, no se puede  hablar de paz y democracia  sin redefinir la política minero energética del país.
Estudios recientes de la Contraloría, dirigido por Jorge Garay demuestran que por cada 100 pesos que pagan las empresas petroleras, les descontamos 118 en impuestos, y un reciente estudio de la Cepal demuestra que Colombia es uno de los países que captan menos renta  minera en América Latina, con tan solo un 15%.

Los Llanos orientales en general, siguen con una expansión gigantesca de las actividades en hidrocarburos especialmente que supedita nuestros territorios a la expansión de inversión extranjera directa (IED).No solo la legislación tributaria y contractual ha cambiado en beneficio de estas empresas, la legislación ambiental, las últimas reformas laborales y la política monetaria se ha diseñado un marco normativo  sustentado en la necesidad de aumentar la confianza inversionista, situación que lejos de separar a Santos de Uribe, los ha unido por completo en el cuidado de los tres huevitos.

Urge entonces, una reforma soberana, democrática  y sustentable en la política minero energética y con especial interés en la región, una transformación radical de la política petrolera en Colombia que contenga algunos elementos:

–          El ordenamiento territorial debe recaer en las comunidades que habitan el territorio, las comunidades tienen pleno derecho a rechazar los proyectos que amenazan con sus formas de vida.

–          Eliminar el Contrato de Concesión que revivió a Uribe, y que  dejo a Colombia como uno de los países que menos porcentaje de Renta recibe por barril en América Latina y en el mundo.

–          Renegociar los contratos vigentes de concesión y de asociación 70-30, para  aumentar la participación del Estado en al menos un 65%, un instrumento puede ser un impuesto de ganancias ocasionales. Esto, teniendo en cuenta que los TLC con Canadá, EEUU y Europa han diseñado capítulos de protección de inversiones que protegen a los inversionistas privados.

–          Retomar el control  de los campos maduros, en especial de Campo Rubiales que se termina en el 2016, estos campos actualmente están generando el 70% de la producción del país y tienden a crecer por las tecnologías de recuperación secundaria y terciaria.

–          Los proyectos petroleros  no deben generar vertimientos residuales, la reinyección debe ser obligatoria y a la misma profundidad del yacimiento.

–          No se podrá expropiar a las comunidades de su territorio mediante las servidumbres.

–          La producción petrolera  debe ser hasta el doble del consumo nacional, garantizando reservas para al menos 12 años. Actualmente se consumen 300 mil barriles, se exportan 700 mil, y hay reservas a 7 años.

–          Los combustibles   deben rebajarse en un 40%  del consumo local, para lo cual se debe bajar la carga impositiva y los fletes  del combustible, así como eliminar la obligatoriedad de la mezcla de etanol.

–          Debe diseñarse una política de industrialización ligada a suplir el mercado interno  de petroquímica en el país, las importaciones en este renglón se han aumentado gigantescamente.

–          La información de impuestos pagos, regalías, producción de las empresas debe ser pública.

–          Debe promoverse el control social desde las comunidades, el monitoreo ambiental comunitario y la inversión social de regalías.

–          El contenido local de las explotaciones debe estar definida en una política  que integre a las comunidades, que permita acceder al empleo en condiciones dignas, eliminando la tercerización.

–          Los proyectos petroleros no solo deben tener licencia ambiental, sino licencia social, definir mecanismos y espacios de participación de las comunidades de las zonas de influencia.

–          Recuperar a Ecopetrol 100% estatal y proyectarla como una empresa social del Estado que permita fortalecer su avance tecnológico y su proyección social.

Las exportaciones del país dependen en un 56% del petróleo, el millón de barriles sigue produciéndose a diario y dado el escenario internacional su precio tiende a seguir subiendo. En ese sentido, la política petrolera  no solo es la base económica de las finanzas del estado colombiano, sino que define en sí mismo un modelo de desarrollo.

El Meta debe aportar en la construcción de propuestas para el manejo de hidrocarburos de frente al país,  es aquí donde convivimos con los impactos del extractivismo y aquí deben nacer alternativas para construir paz desde el ejercicio de la soberanía de nuestros territorios y la forma de usar nuestros bienes comunes.