Ponencia de la cumbre agraria al foro de víctimas

Un saludo a todas las víctimas de Colombia, por parte de los procesos organizativos y sociales que conformamos esta instancia de confluencia que hemos venido construyendo en los últimos años. 

Un momento importante en el camino de nuestra constitución fueron los paros campesinos, afros e indígenas del 2013, movilizaciones que cobraron la vida de 19 compañeros, más de 640 detenidos y encarcelados y , centenares de heridos. El gobierno nacional concertó una serie de pliegos y acuerdos en mesas de interlocución y negociación.

Contradictoriamente después de esta “rebelión de las ruanas, los ponchos y bastones” que suscitó el más amplio respaldo nacional e internacional, el presidente Santos convocó a un Pacto Agrario con las élites agroindustriales y gremiales del campo, excluyendo con esto al movimiento agrario de las definiciones y medidas a adoptar en materia de política agraria nacional.

El incumplimiento a los acuerdos de 2013 y el silenciamiento gubernamental ante el pliego conjunto presentado por indígenas, campesinos y afrodescendientes, en el mes de marzo de 2014, desencadenó a que nuevamente se convocara a la movilización en todo el país.

Despues de dos semanas de movilización y seis jornadas de diálogo con Gobierno Nacional, en abril y mayo de 2014 la Cumbre Agraria pactó nuevamente acuerdos, esta con la instalación de la Mesa Única de Diálogo y Concertación. Esto representó el reconocimiento de la Cumbre Agraria como actor político en la definición de la política pública para el agro colombiano con sus exigencias y mandatos populares en tierra y territorio, derechos políticos de comunidades agrarias, minería y medio ambiente, economía étnica y campesina, cultivos de coca, marihuana y amapola, derechos sociales y paz con justicia social.

La Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular considera que el reconocimiento de las víctimas debe ser un paso necesario para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera, con justicia social que promueva a largo plazo la reconciliación y la superación de las causas que han originado el conflicto político, social, económico y armado, pues sólo a partir de allí es posible pensar en la construcción de un país más democrático e incluyente.

Los sectores sociales que integramos la Cumbre hemos sido víctimas sistemáticamente por el hecho de tener una apuesta de país más democrático y participativo, acorde a la vida de los pueblos y comunidades de la zonas rurales y urbanas, enfrentando el accionar militar y paramilitar en diversas regiones del país, pese a que para el establecimiento desconoce la existencia del accionar paramilitar, afirmando que estos grupos ya no representan un riesgo para las comunidades en tanto ahora se caracterizan por ser “bandas criminales” al servicio del narcotráfico, lo cual a todas luces se constituye como un pretexto para ocultar la continuidad de estos grupos y la permanencia de su poder político, económico y militar, estrategia apoyada por EEUU al sacar de la lista de terroristas a los grupos paramilitares, principales promotores de la persecución y el exterminio de las organizaciones agrarias, indígenas, afrodescendientes y populares.

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se ha representado la continuidad del modelo económico neoliberal para Colombia y el posicionamiento ineludible del modelo agro empresarial para el campo colombiano, a lo que se suma el mantenimiento de la dinámica de represión violenta en zonas urbanas y rurales. Santos desempeñó un papel central en el marco de la implementación de la política de seguridad democrática en los campos colombianos, que ha significado el despojo forzado de tierras y territorios; y la sistemática violación de los derechos humanos de las comunidades rurales en general.

Las iniciativas legislativas que el gobierno actual ha presentado hasta ahora frente al tema de tierras no evidencian la intención real de reconocimiento real sobre los territorios, así como el restablecimiento de los derechos de despojados, sean campesinos, indígenas o afro-descendientes, sino el propósito de resolver los problemas de la irregularidad en la tenencia de la tierra, como condición para dar continuidad a la profundización del modelo agro empresarial, en articulación con la explotación minero-energética en Colombia y el desarrollo de las grandes obras de infraestructura, presentadas como bandera de su plan de desarrollo, así como superar algunas dificultades de ilegitimidad derivadas del despojo violento de tierras ampliamente cuestionado a nivel internacional. Este estado de cosas incluye el desconocimiento al derecho a la consulta previa y al derecho a la decisión libre e informada por parte de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en la multitud de licenciamientos de los territorios en que habitan.

Colombia también ha estado signada por la prolongación de la guerra y el escalonamiento de la confrontación armada por parte de las élites políticas y económicas tradicionales, como estrategia de conservación del poder; contrario a ello los movimientos sociales en que nos reconocemos parte reiteramos la exigencia de avanzar en el actual proceso de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional y desde la apertura de diálogos con las insurgencias del ELN y el EPL en la superación de las causas estructurales que dieron origen al conflicto social y armado Colombiano.

En respuesta al descontento social el Gobierno Nacional ha intensificado las acciones de represión sistemática, la criminalización y victimización de la protesta social, sin tener en cuenta las causas que generan y expresan la inconformidad de los sectores populares. La Ley 1453, conocida como ley de seguridad ciudadana, en últimas victimiza la protesta social. ¿Cómo afianzar condiciones de no repetición con medidas de este tipo? ¿Cómo lanzar mensajes positivos al futuro, si formas del ejercicio de la participación social y política de los movimiento son judicializadas?. Este país necesita fortalecer, con autonomía e independencia, las voces y las acciones de todos los que creemos en formas diversas de ejercer y de demandar el ejercicio pleno de nuestros derechos, civiles y políticos, económicos sociales, culturales, étnicos y colectivos. Garantizar la protesta social y permitir que se exprese de manera autónoma e independiente, son condiciones de no repetición y de durabilidad de la paz que queremos construir. Hoy es trascendental enfatizar en la dimensión colectiva de las víctimas, lo que implica considerar sus derechos al territorio, a la participación y autodeterminación comunitaria, al ejercicio del derecho el desarrollo y sus propias opciones sobre el mismo. Incluso debemos como país abordar la perspectiva de considerar al territorio en tanto madre tierra como víctima sistemática de vulnerabilidades, y actuar en su rehabilitación efectiva.

La negociación en medio del conflicto, implica preservar a la población civil, respetando sus derechos, los que no pueden seguir siendo vulnerados bajo ningún pretexto, victimizados y re victimizados. El confinamiento, la utilización indiscriminada de minas anti persona o bombardeos, el involucramiento de la población civil en acciones que tiene que ver con el conflicto son ejemplos de lo que debe cesar.

Creemos que es importante una tregua bilateral entre los actores armados, pero igualmente, es vital para nosotros los acuerdos humanitarios que permitan a los pobladores el ejercicio de sus propias formas de participación y gobernabilidad comunitaria, ejercer el control social, cultural y económico de sus territorios e impulsar sus propias alternativas sin injerencia de poderosos intereses económicos y políticos.

La decisión que adoptaron de negociar en medio de la confrontación, tiene para nosotros, también una particular lectura e implicación: la negociación debe continuar hasta finalizar. No hay excusas de ningún tipo para nadie. Nosotros y nosotras, que hemos sido víctimas, junto con nuestros derechos, de esta larga noche de horrores, no les damos ninguna alternativa distinta a terminar la negociación del conflicto e iniciar con todos y todas, la construcción de una paz, que sobre la base de superar las injusticias del pasado, cimienten su durabilidad.

Varios autos de la Corte Constitucional son claros en señalar que los proyectos mineros y agroindustriales son causantes de desplazamiento forzado interno. La relación entre guerra y economía, ha sido evidente. Las víctimas del “desarrollo” impulsado en medio de la confrontación ha fragilizado los liderazgos, el tejido social, erosionando las formas de participación, de resistencia y desconociendo los derechos al territorio, la participación y al desarrollo de los pueblos y comunidades. Estas víctimas deben ser reconocidas y consideradas en la dimensión real de la tragedia que hemos vivido. Negarles sus derechos es recortar la verdad, manipular el derecho a la memoria y el origen de la violencia en este país.

Comisión Política Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular

Organización Nacional Indígena –ONIC-

Congreso de los Pueblos

Movimiento Político y Social Marcha Patriótica

Coordinador Nacional Agrario –CNA-

Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo –MIA-

Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia –COMOSOC-

Proceso de Comunidades Negras -PCN-

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO-

Mesa de Unidad Agraria –MUA-

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC-

Movimiento por la Constituyente Popular –MCP-

Asociacion Campesina y Popular –ASOCAMPO-

Asociacion Nacional Agraria Campesina –

ASONALCAM-