La Guardia Agrominera, es una expresión de resistencia de las comunidades campesinas con la función de proteger a las personas del territorio, defender los Derechos Humanos, contribuir al impulso de la movilización y la organización social.
AGRESIONES CONTRA LOS EJERCICIOS DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS
DEL SUR DE BOLÍVAR, CENTRO Y SUR DEL CESAR, NORDESTE Y BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO
30 de abril de 2020
Las comunidades campesinas y agromineras de las regiones del Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño, del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar ponen en conocimiento de los organismos nacionales e internacionales encargados de la defensa de los derechos humanos y las instituciones competentes para proteger y velar por las garantías ciudadanas y de salud pública en estos momentos en el país, los hechos que han venido ocurriendo en nuestros territorios, los cuales afectan la salud, la integridad y la vida de las comunidades.
Desde el inicio de la cuarentena por la pandemia del Covid – 19, en nuestro ejercicio de autonomía y soberanía, las comunidades campesinas y agromineras hemos implementado algunas medidas para prevenir el contagio del Covid 19 en nuestros territorios, a través de Las Guardias Agromineras, quienes han estado realizando acciones de control, cuidado y prevención para evitar el contagio del virus, ejercicios como puntos de desinfección y control del tránsito de personas.
La Guardia Agrominera, es una expresión de resistencia de las comunidades campesinas con la función de proteger a las personas del territorio, defender los Derechos Humanos, contribuir al impulso de la movilización y la organización social. Es una propuesta que sale de los sectores campesinos del país como un proceso de protección y autocuidado de nuestras comunidades, son parte del Congreso de los Pueblos y del Coordinador Nacional Agrario, quienes mandatamos por nuestra protección ante el terrorismo de estado, para velar por los territorios y la seguridad de los bienes comunes, que defienden su biodiversidad sus aguas, la fauna, la flora y la vida misma.
Desde el inicio de este ejercicio de autoprotección, La Guardia Agrominera ha sido víctima de señalamientos y amenazas por parte de personas inescrupulosas, quienes ven en la guardia campesina una amenaza para sus intereses y han tratado de deslegitimar estos procesos de protección de las comunidades y los territorios, algunas veces con el fin de cooptarlos y ponerlos en contra vía de los planes de vida de las comunidades. Otras, nombrándolas de manera errada, como sucedió en la publicación del 27 de abril de 2020 en el Noticiero Radial El Original, donde publican una nota de prensa con el titular “Corregimientos y veredas del sur de Bolívar, conforman autodefensas civiles… para combatir el COVID-19” utilizando el concepto “autodefensas” de manera malintencionada, poniendo en riesgo la vida de las personas que conforman las Guardias Agromineras, su labor y a las organizaciones sociales y populares de las que hacen parte. Este tipo de publicaciones agrede a las guardias y pone en riesgo los ejercicios de autoprotección, desconociendo la labor de otras organizaciones sociales que también realizan controles en sus territorios de manera autónoma.
Otro hecho que pone en riesgo la salud y la vida de las comunidades son los operativos que ha estado realizando el Gobierno nacional, desplegando tropas de policía antinarcótico y adelantado operativos de erradicación forzada sin ningún protocolo claro de protección para la prevención de posibles contagios, exponiendo a las comunidades, quienes se ven obligadas a reunirse de manera masiva para rechazar los operativos de erradicación. En algunos territorios también hace presencia el ESMAD, atacando a las comunidades con gases lacrimógenos en medio de los operativos de erradicación forzada, afectando a niñas, niños, hombres, mujeres y adultos mayores que, haciendo uso legítimo del derecho a la protesta y en defensa de sus derechos, han salido a rechazar los ataques de las fuerzas militares y de estas jornadas de erradicación.
Los militares que hacen presencia en el territorio no se identifican, no poseen insignias, impidiendo que las comunidades puedan identificarlos a pesar de que hacen uso de helicópteros de las fuerzas aéreas. Además, desde el mes de marzo se vienen adelantando operaciones de erradicación forzada en varias zonas del Bajo Cauca y el Norte de Antioquia, llegan a las zonas rurales de Tarazá, Nechí, El Bagre, Cáceres, Valdivia e Ituango, bajo una directriz nacional de arrancar los cultivos, acciones que solo muestran la falta de voluntad del gobierno nacional y su despreocupación por las situaciones concretas que atraviesan actualmente estas comunidades.
La presencia de los militares viola los protocolos de autoprotección que se han establecido en las comunidades a través de los puntos de control organizados con las guardias agromineras, como el control de la circulación de personas ajenas al territorio, con el objetivo de que quienes se trasladan de otros lugares no propaguen el virus, así como la desinfección de quienes se ven obligados a transitar. La falta de protocolos y de implementos de bioseguridad ponen en riesgo a las comunidades, ya que se conoce de casos de contagio al interior de las fuerzas militares y éstos pueden propagar el virus en territorios que no cuentan con las condiciones económicas ni de sanidad para combatir el virus.
Exigencias:
Firman
Congreso de los Pueblos
