Hacemos un llamado a la unidad del movimiento social y popular en las veredas, regiones, barrios y localidades para encontrarnos el 30 y 31 de enero en la ciudad de Bogotá, en el Encuentro Nacional Sindical, Social, Estudiantil, Popular y Político.
Enero 08 de 2019
¿Por qué asesinar, encarcelar y desaparecer líderes y lideresas sociales en Colombia? Acaso, ¿Quién se beneficia con estas prácticas? Estas son preguntas que nos aprietan el corazón y más aún cuando van 6 asesinatos en tan solo 6 días del año 2019; cuando Maritza Isabel Quiroz Leiva, lideresa de mujeres víctimas del desplazamiento en el Caribe es asesinada en su propia casa; cuando nuestro compañero Dima Jalessi Parada, miembro del Comité de Integración Social del Catatumbo sufrió un atentado el 4 de enero saliendo de su casa; cuando Julián Gil Secretario Técnico de nuestro movimiento cumple 7 meses de injusto encarcelamiento esperando un juicio que compruebe la ausencia de pruebas en su contra; cuando Hermes, Alix, Horacio, Sara y Tulia y otras 6 personas que se oponen a la explotación de recursos en sus territorios tuvieron que estar, el pasado fin de año, privadas de la libertad. Preguntas sin respuestas, injusticias sin solución que se transforman en un grito unisonó cuando se cumplen, en pocos días, 4 años de impunidad frente al asesinato de nuestro compañero Carlos Pedraza, impunidad garantizada por la misma Fiscalía que utiliza la mentira y los montajes judiciales en contra del movimiento social.
A pesar de las esperanzas generadas por los procesos de paz, no hay una apertura democrática, sino un cierre. La respuesta inmediata en los territorios a las primeras elecciones después de un acuerdo de paz histórico ha sido el asesinato sistemático de líderes y lideresas en las zonas donde los procesos sociales y la ciudadanía le habíamos apostado, junto con 8 millones de personas, al cambio. Cuando a los asesinatos de reclamantes de tierras se fueron sumando asesinatos y encarcelamiento de opositores a mega-proyectos.
Ese cierre lo opera un gobierno de la élite reaccionaria, servil a los intereses de EE.UU. y del gran capital. Esa afirmación no es nueva, pero ofrece una respuesta a quienes nos preguntamos donde está la voluntad de paz del gobierno, cuando falla en lo pactado con la insurgencia de las FARC y no cumple con los mínimos para continuar dialogando con el ELN y sobre todo cuando no garantiza la vida ni la libertad de las y los colombianos que amparados en los derechos constitucionales se organizan por sus derechos.
La paz que nos quieren imponer es la pacificación de los territorios a sangre y fuego amparada en un plan de seguridad nacional sinónimo de seguridad de los inversionistas. Ante la desaparición del chivo expiatorio de la guerra contra las FARC aparece una guerra frontal contra las expresiones democráticas y sociales. Una guerra como respuesta directa a la fuerza de las movilizaciones, de las organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes determinadas a defender su territorio, su economía, su modo de vida ante el modelo depredador, que usa el saqueo a nombre del desarrollo, para enriquecer unos pocos.
Colombia es un escenario más de esta misma guerra que se desata en toda Latinoamérica y en el mundo donde gobiernos de derecha comparten un plan conjunto de despojo. En ese sentido el Gobierno colombiano atiza una intervención militar contra el hermano país de Venezuela, junto con el grupo de Lima, ese apéndice de la OEA creado en 2017 con la intención de tener injerencia en gobiernos soberanos de Latinoamérica.
Cuando la institucionalidad vigente no permite a estos gobiernos de élite llegar a sus fines no dudan en crear golpes suaves o blandos, para mantener su poder, violar la soberanía y legitimidad de los pueblos y mantener su status quo en favor de sus intereses de oligarcas neoliberales. Prueba de ello es el posicionamiento de Bolsonaro en la presidencia de Brasil acompañado de la ola de violencia, segregación y asesinatos que acompañan este tipo de gobiernos y que deja en claro la retoma de la derecha, pero también la determinación de los pueblos que desde la calle defienden sus derechos, la dignidad y su autonomía.
Esa guerra que produce el asesinato de líderes y lideresas en Colombia, va más allá de nuestras fronteras, es una guerra contra los pueblos quienes luchan por su libertad. Si queremos mantener encendida la llama de la vida y de la libertad, nuestra estrategia debe estar basada en la unidad de los movimientos y procesos nacionales e internacionales y profundizar en los procesos de movilización.
Por todo lo anterior hacemos un llamado a la unidad del movimiento social y popular en las veredas, regiones, barrios y localidades para encontrarnos el 30 y 31 de enero en la ciudad de Bogotá, en el Encuentro Nacional Sindical, Social, Estudiantil, Popular y Político como preámbulo para las jornadas de paro nacional que se proyectan para los siguientes meses.
CONGRESO DE LOS PUEBLOS
