Mientras el Gobierno Nacional vocifera medidas para evitar su propagación, las mismas están dirigidas a fortalecer y proteger a la clase politiquera e industrial que resuella ante la ausencia de la fuerza de trabajo
EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS SE INCREMENTAN
LAS PRÁCTICAS SOCIALES GENOCIDAS
Abril 18 de 2020
La clase popular está sumida en una tragedia como consecuencia del modo de producción capitalista y que hoy, se evidencia con la emergencia sanitaria a raíz de la propagación del COVID-19. Mientras el Gobierno Nacional vocifera medidas para evitar su propagación, las mismas están dirigidas a fortalecer y proteger a la clase politiquera e industrial que resuella ante la ausencia de la fuerza de trabajo; entre tanto, millones de familias pobres están sometidas a morir por la pandemia, por la hambruna, o por el permanente plan de exterminio en contra el movimiento social. A diario desde la casa de Nariño, se realizan alocuciones presidenciales en las que Iván Duque recita que Colombia es “la casa de todos los colombianos” sin embargo, miles de personas no tienen un techo donde pasar el confinamiento y menos un plato de comida que les permita sobrevivir. En consecuencia, en medio del desespero, multitudes lanzan gritos de protesta desde las cárceles, los barrios populares y el campo, reclamando por el derecho de tener una cuarentena con dignidad: la respuesta es plomo, palo y gases, pretendiendo negar derechos fundamentales que le asisten a todos los conciudadanos.
Al personal de la salud se le pretende obligar a sacrificar sus vidas y las de sus familias sin las mínimas garantías de bioseguridad, anunciando sepultura con consignas de heroísmo, con una subvaloración de su trabajo, en condiciones nefastas debido al sistema de contratación; en contraste, los bancos, las EPS y los fondos de pensiones se capitalizan a costa del sacrificio de la clase obrera y trabajadora con discursos populistas. La fuerza pública es presentada como los salvadores de los más necesitados, haciendo supuestas campañas humanitarias mientras que intentan confundir y borrar de la memoria su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, que se enmarcan en el conjunto de prácticas sociales genocidas representadas en hechos recientes como las ejecuciones extrajudiciales con modalidad de falsos positivos, desapariciones forzadas, chuzadas ilegales, empadronamientos y estigmatización.
Las cárceles del país tienen una realidad aún más preocupante: el hacinamiento en los diferentes centros carcelarios y penitenciarios supera el 56 por ciento, lo que se traduce, en cifras oficiales, a un sobrecupo cercano a las 39.000 Personas Privadas de la Libertad -PPL, sin contar adicional con las personas recluidas – aún en condiciones mas infames – en las estaciones de Policía, cuya cifra de capacidad es cercana a los 3.000 cupos, y hasta el 26 de marzo pasado que la Corte Constitucional a través de un boletín muestra un número superior a las 6.800 personas retenidas en estos sitios, es decir, una tasa de hacinamiento que dobla en su mayoría la capacidad. A todo esto, se puede sumar que, en ninguno de estos centros de reclusión, bien sea a cargo del INPEC o la Policía Nacional, se han implementado rutas de salud eficientes, ni protocolos sanitarios de manejo que puedan hacer frente a la crisis, sumado esto a la precarización en la prestación del servicio de salud, en los servicios de sanidad. Para ello, vale decir que hasta la fecha, y desde el pasado 20 de marzo – han pasado casi 30 días -, no se han tomado decisiones reales y concretas para la atención del COVID-19, cuya situación evidencia el desinterés y la desidia a la que el Estado ha sometido a las PPL, asumiendo una posición en la que se omite la condición humana de estos, y les niega el derecho a la Vida Digna, recordando además, que el único derecho al cual esos ciudadanos han sido privados es al de la libertad.
Dadas las condiciones actuales, y en el marco del Aislamiento Preventivo Obligatorio, la población carcelaria se encuentra en una situación inhumana, sumando las graves vulneraciones a los Derechos Humanos, ya que los PPL no tienen acceso directo a la luz del sol, el acceso a agua potable es limitado a una o dos horas diarias, y el ya mencionado servicio de salud ineficiente, donde para algunos establecimientos solo se cuenta con dos (2) enfermeras para atender a más de 9.000 personas, médicos que solo atienden de lunes a viernes, las medicinas son insuficientes para toda la población carcelaria, y la entrega de solo tres (3) kits de aseo personal para un (1) año a cada persona; lo cual es deficiente para las cerca de 8.800 mujeres privadas de la libertad, sobre todo para las que se encuentran en condición de embarazo o lactancia, poniendo en riesgo a sus hijos presentes o futuros. Los PPL, en distintos centros de reclusión, como Palogordo y La Picota, han tomado medidas drásticas como las huelgas de hambre, para que el Gobierno Nacional los tome en serio, y vuelque la mirada sobre la grave crisis carcelaria, como realidad permanente en el tiempo, y agudizada en estos momentos de pandemia.
A partir de los hechos sucedidos el día 21 de marzo, en especial de lo acontecido en la cárcel La Modelo de Bogotá, donde 23 PPL fueron asesinadas, más de 80 heridas y hasta el día de hoy se cuentan con dos (2) desaparecidos, y que el INPEC no rinde cuentas de su paradero. A ello, el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, ha inculpado la presunta responsabilidad por estos hechos a los “cabecillas del ELN y disidencias de las FARC”, para desviar la atención, y agravar la situación de los detenidos por razones políticas al interior de las cárceles. Además a esta situación, las autoridades colombianas respondieron con interrupción del servicio de alimentación y abastecimiento de agua por varias horas, y pone trabas al acompañamiento de DDHH, impidiendo el ingreso de ayudas humanitarias y sanitarias para contener – en la medida de lo posible – una propagación del virus al interior de los centros de reclusión, contando a todo esto que cerca del 50 por ciento de los detenidos al interior de las cárceles no han sido condenados, y que han convertido poco a poco a las prisiones preventivas en condenas a muerte.
A todo esto, el Gobierno Nacional responde con la expedición del Decreto 546 del 14 de abril de 2020, con el fin – según la oficialidad – de hacer frente a la crisis y mitigar el riesgo de propagación del COVID-19 al interior de los centros de reclusión. Pero la realidad es otra, estos beneficios de detención y prisión domiciliaria hasta por el término de seis (6) meses a sindicados y condenados es insuficiente, ya que introduce un enorme listado de delitos excluidos, los cuales son precisamente los que generan el mayor hacinamiento carcelario, y en algunos casos hasta son mas restrictivas las medidas tomadas que las que ya estaban previstas en la ley. Según lo reglado en el Decreto esto podrá beneficiar hasta 4.000 personas, siendo esto mínimo para la cifra de 39.000 personas que representan el sobrecupo en las cárceles del país. Adicional a ello, el sistema judicial a través de los jueces de ejecución de penas, no tendrán la capacidad de procesar este tipo de solicitudes, y que aparte desconoce la presunción de inocencia en las cerca de 50.000 personas que solo están cobijadas con medidas de aseguramiento en su condición de sindicados.
Se le exige al Gobierno Nacional tomar medidas reales y concretas para afrontar la grave situación carcelaria y mejorar las condiciones de vida digna de miles de PPL, empezando por la descongestión de las cárceles, en especial para personas con enfermedades crónicas, terminales, o que cuenten con más de 60 años de edad o se encuentren en situación de discapacidad física, asimismo, que ordene la libertad de los PPL en condición de sindicados, a las mujeres embarazadas o lactantes, y conceda de forma expedita los beneficios legales a las personas que hayan cumplido las ⅗ partes de la pena. De igual forma, abastecer de alimentos los expendios en todas las cárceles, y mejorar las condiciones alimentarias a todos los PPL. Y por último, y no menos importante, mejorar las condiciones en los servicios de salud y sanidad, a la par de realizar brigadas de salud y brindar los implementos necesarios de aseo y autocuidado para la prevención del contagio del COVID-19, no solo para los PPL, sino para todo el personal de custodia y administrativos de los centros de reclusión, así como, disponer de espacios para la cuarentena y aislamiento de las personas que presenten síntomas, y que estas puedan contar con un sistema de remisiones rápidas y eficientes a centros hospitalarios con mayor capacidad. Asimismo, que se proteja la salud mental de las personas, al instaurar herramientas digitales para la comunicación con familiares y/o amigos, como la posibilidad de redención de pena a través de la educación virtual.
Se le insta al Gobierno Nacional a utilizar el derecho penal y la posibilidad de castigo como ultima opción, que se evite penalizar con prisión la violación de las medidas de cuarentena, que se instauren protocolos para la atención de nuevos ingresos a las cárceles, como el ingreso de ayudas humanitarias y sanitarias por parte de organizaciones de Derechos Humanos.
Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz
Congreso de los Pueblos
