A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Marzo 23 de 2020
En el marco de las medidas de emergencia ocasionadas por la presencia del virus causante del Síndrome Respiratorio Agudo Grave, Sars-Cov 2 (COVID-19), el 21 de marzo del 2020 desde las 9:00 p.m. se realizó una jornada de protesta en los centros carcelarios y penitenciarios del país, por parte de las personas privadas de la libertad, las cuales exigen medidas sanitarias efectivas que protejan a quienes se encuentran bajo la custodia del Estado.
El pliego de exigencias presentado por las personas privadas de la libertad contenía medidas paliativas al hacinamiento, que en Colombia alcanza un alarmante 153% y medidas de salubridad básica para prevenir contagios al interior de los centros carcelarios. La falta de respuestas por parte del Gobierno Central desencadenó una serie de motines a nivel nacional que terminaron con más de 20 personas privadas de la libertad muertas al interior de los centros carcelarios.
Se debe resaltar que la población carcelaria colombiana, según cifras de noviembre de 2019, se encuentra compuesta en un 33.5% por personas a las que no se les ha resuelto la situación jurídica, es decir inocentes. Un 24.9% por personas de la tercera edad. Un 10.9% por discapacitados. Un 0.9 % de madres gestantes y lactantes y al interior de los centros de reclusión se encuentran 69 menores de tres años de edad, conviviendo con sus madres. Frente a estos grupos poblacionales, se solicitó en meses pasados la aplicación de medidas diferenciales por parte del Movimiento Nacional Carcelario.
Frente a la desatención prolongada a las solicitudes presentadas por los presos y el escenario de pánico generalizado, provocado por las pocas medidas de salubridad en los centros carcelarios, la respuesta gubernamental se tradujo en una masacre en la noche del 21 y madrugada del 22 de marzo en la cárcel modelo de la ciudad de Bogotá. Es importante señalar que transcurridos dos días después de los hechos ha habido una negación sistemática a proveer la información oficial sobre las personas muertas y heridas, sumado a medidas posteriores de escarmiento en contra de la población reclusa como la privación prolongada de agua y alimentos, desnudes forzada y golpes; en las prisiones de Combita, Modelo, Cúcuta, Picota, Picaleña y Puerto Berrio principalmente incurriendo en tratos crueles inhumanos y degradantes.
Desde organizaciones defensoras de Derechos Humanos, organizaciones sociales y asociaciones de familiares de personas privadas de la libertad, exigimos la aplicación del Protocolo de Minnesota[1] para la investigación de las muertes ocasionadas en la represión de los disturbios. No se puede encubrir la ineptitud, la dilación y la negligencia con muertes. Cada una de las personas que han perdido la vida obedece a una omisión sistemática y prolongada por parte del Estado Colombiano.
Los mínimos humanitarios han sido flagrantemente transgredidos, así como las normas de tratamiento a la población privada de la libertad son desatendidas de forma sostenida en el tiempo. Esto es un hecho probado a través de dos declaratorias de estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria, proferido y reiterado por la Corte Constitucional; máximo tribunal del país.
En este escenario vemos con frustración cómo la emergencia hace recaer sus efectos más severos sobre la población más vulnerable. No pedimos menos que la vigencia de los derechos fundamentales de la población vulnerable privada de la libertad, la vigencia de la prohibición de tratos crueles inhumanos y degradantes, y medidas efectivas por parte del Gobierno Nacional para afrontar la inminente profundización de la crisis de salud pública.
En ejercicio de la jurisdicción universal en materia de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los Derechos Humanos, solicitamos a la comunidad internacional:
1) Manifestar su repudio hacia estos tratamientos que vulneran los Derechos Humanos de la población privada de la libertad.
2) Demandar una investigación efectiva, imparcial e independiente; con aplicación plena del Protocolo de Minnesota al Gobierno Colombiano sobre los graves hechos acontecidos en la noche del 21 de marzo y la madrugada del 22 de marzo en los centros penitenciarios situados alrededor de todo el territorio nacional.
3) La ejecución de todas las medidas tendientes a la salvaguarda de la vida e integridad de las personas privadas de la libertad, en el marco de las medidas de emergencia dictadas para contrarrestar los efectos del Sars-Cov 2 (COVID-19).
4) Solicitar la visita del Relator Sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad de las Naciones Unidas, a los diferentes centros carcelarios del país; así como la efectiva aplicación de las medidas de emergencia dispuestas para contrarrestar los efectos del Sars-Cov 2 (COVID-19) sobre las personas privadas de la libertad.
[1] El objeto del Protocolo de Minnesota es proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospecha de desaparición forzada. Se emplea para investigar aquellas muertes que sobrevienen cuando la persona estaba detenida, o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes. Incluye este supuesto, por ejemplo, todas las muertes de personas detenidas en prisiones, en otros lugares de reclusión (oficiales y de otro tipo) y en otras instalaciones donde el Estado ejerce un mayor control sobre su vida
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Congreso de los Pueblos
English Version
TO THE INTERNATIONAL COMMUNITY
23 March 2020
In the framework of the emergency measures resulting from the virus that causes Severe Acute Respiratory Syndrome, Sars-Cov 2 (COVID-19), on March 21, a day of protest was held on March 21, 2020 from 9:00 p.m, in many of Colombia´s prison and penitentiary centers, in which those people who are deprived of liberty demanded effective sanitary measures that would protect those in State custody.
The list of demands presented by people deprived of liberty contained measures to alleviate overcrowding, which is at an alarming 153% in Colombia, as well as basic health measures to prevent contagions in prisons. The lack of responses from the Central Government triggered a series of mutinies at a national level that ended with more than 20 dead prisoners.
It should be noted that the Colombian prison population, according to figures from November 2019, is 33.5% made up of people who have not had their legal situation resolved, and are thefore innocent until proven guilty. 24.9% of the population are seniors, 10.9% for the disabled and 0.9% are pregnant and lactating mothers, with 69 children under three years of age in the detention centers, living with their mothers. Faced with these population groups, the application of differential measures has been requested in recent months by the National Prison Movement.
Faced with a the persitent neglect of any requests presented by prisoners and the scenario of generalized panic, caused by the lack of effective sanitary measures in the prison centers, the government’s response translated into a massacre on the night of March 21 and dawn on March 22 in the Modelo prison in the city of Bogotá. It is important to note that now at two days after the events, there has been a systematic refusal to provide official information on dead and wounded people, in addition to subsequent punitive measures against the prison population, such as prolonged deprivation of food and water, forced undressing and beatings in the Combita, Modelo, Cúcuta, Picota, Picaleña and Puerto Berrio prisons, mainly incurring in cruel, inhuman and degrading treatment.
As organizations defending Human Rights, social organizations and associations of relatives of people deprived of liberty, we demand the application of the Minnesota Protocol[1] for the investigation of deaths caused in the repression of these riots. You can’t cover up ineptitude, procrastination, and neglect with deaths. Each of the people who have lost their lives is a result of a systematic and prolonged omission by the Colombian State.
In this scenario, we watch with frustration as the emergency´s most severe effects fall on the most vulnerable population. We ask for nothing less than the enforcement of the fundamental rights of the vulnerable population deprived of liberty, the enforcement of the prohibition of cruel, inhuman and degrading treatment, and effective measures by the National Government to confront the imminent deepening of the public health crisis.
Exercising universal jurisdiction over crimes against humanity and serious violations of Human Rights, we request the international community:
1) Express their rejection of these treatments that violate the Human Rights of the population deprived of liberty.
2) Demand that the Colombian Government carry out an effective, impartial and independent investigation; with full application of the Minnesota Protocol on the serious events that occurred on the night of March 21 and the early hours of March 22 in penitentiary centers located around the entire national territory.
3) Execution of all measures aimed at safeguarding the life and integrity of persons deprived of liberty, within the framework of the emergency measures issued to counteract the effects of Sars-Cov 2 (COVID-19).
4) Request the visit of the United Nations Rapporteur on the Rights of Persons Deprived of Liberty, to the different prison centers in the country; as well as the effective application of the emergency measures arranged to counteract the effects of Sars-Cov 2 (COVID-19) on persons deprived of liberty.
[1] The purpose of the Minnesota Protocol is to protect the right to life and to promote justice, accountability, and the right to reparation by promoting an effective investigation of any potentially wrongful death or suspected enforced disappearance. It is used to investigate those deaths that occur when the person was detained, or was in the custody of the State, its organs or agents. This assumption includes, for example, all deaths of people detained in prisons, in other places of confinement (official and otherwise) and in other facilities where the State exercises greater control over their lives.
National Human Rights Committee
Congreso de los Pueblos
Version Française
A LA COMUNAUTE INTERNATIOANLE
23 Mars 2020
Le 21 mars 2020 dès 21h00, alors que sont établies des mesures d’urgence dues à la présence du virus causant le syndrome respiratoire aigu sévère, Sars-Cov 2 (COVID-19), les personnes privées de la liberté ont organisé une journée de protestation à l’intérieur des établissements pénitenciers du pays. Elles exigent la prise de mesures sanitaires effectives pour protéger les personnes qui sont sous la garde de l’État.
Les revendications présentées par les personnes privées de la liberté portent sur des mesures qui permettraient de baisser la surpopulation qui, en Colombie, atteint la proportion alarmante de 153%, et sur des mesures de sanitaire de base pour prévenir la contagion à l’intérieur des centres carcéraux. Le manque de réponse de la part du gouvernement a déclenché une série d’émeutes au niveau national qui se sont terminées par la mort de plus de 20 personnes privées de la liberté à l’intérieur des établissements pénitenciers.
Il faut souligner que selon les chiffres de novembre 2019, la population carcérale colombienne est composée à 33,5 % de personnes prévenus, non encore jugées, c’est-à-dire innocentes. 24,9 % des personnes incarcérées sont du troisième âge, 10,9 % sont en situation de handicap, 0,9 % sont des mères enceintes ou qui allaitent et il y a actuellement 60 mineurs âgés de 3 ans qui vivent avec leurs mères. Le Mouvement National Carcéral a demandé les mois passés que des mesures adaptées soient appliquées à ces populations.
Suite au silence prolongé envers les revendications présentées par les prisonnier-es et dans un contexte de panique généralisée provoquée par le peu de mesures de santé prises dans les établissements carcéraux, la réponse du gouvernement se traduit par un massacre dans la nuit du 21 mars et le matin du 22 à la prison de la Modela, dans la ville de Bogotá. Il est important de signaler que deux jours après les faits il y a toujours un refus de donner l’information officielle sur les personnes mortes et blessées, ainsi que des mesures punitives prises à l’encontre des prisonnier-es telles que la privation prolongée d’eau, d’aliments, la nudité forcée et les agressions physiques. Ces traitements cruels, inhumains et dégradants ont été établis principalement dans les prisons de Combita, Modelo, Cúcuta, Picota, Picaleña y Puerto Berrio.
Les organisations de défense des droits humains, les organisations sociales et les associations des proches de personnes privées de liberté, nous exigeons l’application du Protocole du Minnesota[1] pour enquêter sur les décès causés par la répression des émeutes. On ne peut cacher l’ineptie, la procrastination et la négligence avec des morts. Chacune des personnes qui ont perdu la vie est une omission systématique et prolongée de l’État colombien.
Les minimums des droits humanitaires ont été violés de manière flagrante tout comme les normes envers le traitement de la population privée de liberté sont constamment négligées. Deux déclarations le démontrent, dénonçant des situations inconstitutionnelles dans les affaires pénitentiaires, publiées et réitérées par la Cour constitutionnelle, la plus haute cour du pays.
Dans ce scénario, nous voyons avec frustration comment l’urgence fait tomber ses effets les plus graves sur la population la plus vulnérable. Nous ne demandons rien de moins que l’application des droits fondamentaux de la population privée de liberté, l’application de l’interdiction des traitements cruels, inhumains et dégradants et des mesures efficaces prises par le Gouvernement national pour faire face à l’aggravation imminente de la crise de santé publique.
Dans l’exercice en matière universelle pour les crimes contre l’humanité et les violations graves des droits humains, nous demandons à la communauté internationale:
1) Exprimer le rejet des traitements qui violent les droits humains de la population privée de liberté.
2) Exiger une enquête efficace, impartiale et indépendante, avec la pleine application du Protocole du Minnesota au gouvernement colombien sur les graves événements survenus dans la nuit du 21 mars et aux premières heures du 22 mars, dans les centres pénitentiaires situés sur l’ensemble du territoire national.
3) L’exécution de toutes les mesures visant à sauvegarder la vie et l’intégrité des personnes privées de liberté, dans le cadre des mesures d’urgence prises pour contrer les effets de Sars-Cov 2 (COVID-19).
4) Demander la visite du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des personnes privées de liberté dans les différents centres pénitentiaires du pays, ainsi que l’application effective des mesures d’urgence prises pour contrer les effets de Sars-Cov 2 (COVID-19) sur les personnes privées de liberté.
[1] Le Protocole du Minnesota a pour objet de protéger le droit à la vie et de promouvoir la justice, la responsabilité et le droit à réparation, en promouvant une enquête efficace sur toute mort potentiellement irrégulière ou soupçonnée d’être une disparition forcée. Le protocole est utilisé pour enquêter sur les décès qui se produisent lorsque la personne a été détenue ou était sous la garde de l’État, de ses institutions ou de ses agents. Cette hypothèse inclut, par exemple, tous les décès de personnes détenues dans des prisons, dans d’autres lieux de détention (officiels ou autres) et dans d’autres établissements où l’État exerce un plus grand contrôle sur leur vie.
Commission Nationale des Droits de L’homme
Congreso de los Pueblos
Versão em Português
PARA A COMUNIDADE INTERNACIONAL
23 de março de 2020
Como parte das medidas de emergência causadas pela presença do vírus que causa a Síndrome Respiratória Aguda, Sars-Cov 2 (COVID-19), em 21 de março de 2020, a partir das 21 horas, foi realizado um dia de protesto nas prisões e centros penitenciários do país por pessoas privadas de liberdade, que exigiam medidas de saúde eficazes para proteger aqueles sob custódia do Estado.
As reivindicações apresentadas pelas pessoas privadas de liberdade exigiam medidas para aliviar a superlotação, que na Colômbia atinge um alarmante 153%, e medidas básicas de saúde para evitar o contágio dentro das prisões. A falta de resposta do Governo Central desencadeou uma série de motins a nível nacional que terminaram com mais de 20 pessoas privadas de liberdade a serem mortas dentro das prisões.
Deve-se notar que, segundo números de novembro de 2019, 33,5% da população carcerária colombiana são compostas por pessoas cuja situação legal não foi resolvida, ou seja, pessoas inocentes. 24,9% são pessoas idosas. 10,9% por pessoas deficientes. 0,9% das mães grávidas e lactantes e 69 menores de três anos de idade que vivem com as mães em centros de detenção. Nos últimos meses, o Movimento Penitenciário Nacional tem solicitado a aplicação de medidas diferenciadas para estes grupos populacionais.
Diante da prolongada negligência dos pedidos apresentados pelos presos e do cenário de pânico generalizado, causado pelas poucas medidas de saúde nas prisões, a resposta do governo resultou em um massacre na noite de 21 e 22 de março, na prisão modelo da cidade de Bogotá. É importante notar que dois dias após os eventos houve uma recusa sistemática em fornecer informações oficiais sobre os mortos e feridos, somada a medidas subsequentes de punição contra a população prisional, tais como privação prolongada de água e alimentos, despojamento forçado e espancamentos; nas prisões de Combita, Modelo, Cúcuta, Picota, Picaleña e Puerto Berrio, principalmente incorrendo em tratamentos cruéis, desumanos e degradantes.
Das organizações de direitos humanos, organizações sociais e associações de familiares de pessoas privadas de liberdade, exigimos a aplicação do Protocolo de Minnesota[1] para a investigação das mortes causadas na repressão aos tumultos. Inépcia, atraso e negligência não podem ser encobertos com mortes. Cada uma das pessoas que perderam suas vidas é devido a uma omissão sistemática e prolongada por parte do Estado colombiano.
Os mínimos humanitários têm sido flagrantemente transgredidos, assim como as normas de tratamento da população privada de liberdade são negligenciadas de forma sustentada ao longo do tempo. Isto é comprovado por duas declarações inconstitucionais sobre o estado de coisas na prisão, emitidas e reiteradas pelo Tribunal Constitucional, o mais alto tribunal do país.
Neste cenário, vemos com frustração como a emergência tem os seus efeitos mais graves sobre a população mais vulnerável. Pedimos que sejam respeitados os direitos fundamentais da população vulnerável privada de liberdade, que seja mantida a proibição de tratamentos cruéis, desumanos e degradantes e que sejam tomadas medidas eficazes pelo Governo Nacional para fazer face ao iminente aprofundamento da crise da saúde pública.
No exercício da jurisdição universal sobre crimes contra a humanidade e graves violações dos direitos humanos, apelamos à comunidade internacional:
1) Expressar seu repúdio a esses tratamentos que violam os direitos humanos da população privada de liberdade.
2) Exigir uma investigação eficaz, imparcial e independente; com plena aplicação do Protocolo de Minnesota ao Governo colombiano sobre os graves acontecimentos ocorridos na noite de 21 de março e na manhã de 22 de março nas prisões localizadas ao redor do território nacional.
3) A implementação de todas as medidas para salvaguardar a vida e integridade das pessoas privadas de liberdade, no âmbito das medidas de emergência ditadas para contrariar os efeitos de Sars-Cov 2 (COVID-19).
4) Solicitar a visita do Relator das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas Privadas de Liberdade às diversas prisões do país, bem como a aplicação efetiva das medidas de emergência ordenadas para neutralizar os efeitos de Sars-Cov 2 (COVID-19) sobre as pessoas privadas de liberdade.
[1] O objetivo do Protocolo de Minnesota é proteger o direito à vida e promover a justiça, a responsabilidade e o direito à reparação, promovendo a investigação efetiva de qualquer morte potencialmente ilegal ou suspeita de desaparecimento forçado. É usado para investigar as mortes que ocorrem enquanto a pessoa estava detida, ou sob a custódia do Estado, seus órgãos ou agentes. Inclui, por exemplo, todas as mortes de pessoas detidas em prisões, em outros locais de detenção (oficiais e outros) e em outras instalações onde o Estado exerce maior controle sobre suas vidas.
Comissão Nacional de Direitos Humanos
Congresso do Povo
