Libertad a líderes sociales encarcelados YA

En los montajes judiciales contra dirigentes sociales se les impone el encierro como castigo y la dilación judicial para desmantelar el tejido organizativo. Hoy más que nunca, entre la violencia de Estado y la pandemia, sus vidas corren peligro.

SER LÍDER SOCIAL NO ES DELITO

Marzo 25 de 2020

El Congreso de los Pueblos se suma a la indignación y a la denuncia por la masacre ocurrida la noche del 21 de marzo en la cárcel Modelo de Bogotá.

Denunciamos los irresponsables traslados masivos utilizados como castigos por parte del INPEC ante las acciones de protesta e informamos que aún no hay claridad sobre el número de heridos y muertos que dejó la intervención de la fuerza pública en las cárceles del país.

Ante esta situación exigimos que se cumplan las demandas del Movimiento Nacional Carcelario, que viene reclamando no sólo justas medidas ante la pandemia del Coronavirus, también demandas básicas ante las indignas condiciones de vida a las que se somete a las personas privadas de libertad.

Actualmente, en Colombia, están en condiciones de hacinamiento más de 123.000 personas privadas de la libertad, dentro de las cuales se encuentra un importante número de líderes y lideresas sociales, víctimas de la política de Estado que ha encontrado en la judicialización un mecanismo para estigmatizar, reprimir y acallar al movimiento popular y el pensamiento crítico.

Denunciamos que el Estado colombiano viola el derecho a la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso ya que más de 30.000 personas privadas de la libertad se encuentran bajo la condición de sindicados sin pronta definición de su situación legal. Un juicio en Colombia puede tardar hasta cinco años y para el caso de las y los líderes sociales, se convierte en un mecanismo de criminalización y obstrucción de su trabajo político – comunitario.

Hoy en las cárceles también se encuentran peligrando varios compañeros y compañeras lideres sociales de nuestro movimiento. Ante la persecución política han surgido las presentaciones voluntarias de líderes y lideresas sociales ante la fiscalía para exigir claridad de posibles procesos en su contra y ejercer el derecho y deber de defensa ante las falsas acusaciones de la Fiscalía, en estos espacios no se ha encontrado requerimiento alguno.

En los montajes judiciales contra dirigentes sociales se les impone el encierro como castigo y la dilación judicial para desmantelar el tejido organizativo. Hoy más que nunca, entre la violencia de Estado y la pandemia, sus vidas corren peligro.

Por lo anterior, exigimos:

La liberación inmediata de Julián Gil, secretario técnico de nuestro movimiento, quien lleva a la fecha 660 días injustamente privado de su libertad.

La liberación inmediata de los líderes sociales del Casanare, injustamente detenidos por protestar contra el despojo de su territorio por la multinacional petrolera canadiense Frontera Energy. Entre ellos se encuentran Fredy Figueroa, Carlos Romero y Hermes Burgos, de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro ASONALCA y Míriam Aguilar de la Asociación de Mujeres Unidas por Casanare ASMUC

La liberación inmediata de los líderes sociales de Arauca, entre los cuales se encuentran el compañero José Murillo, vocero de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular; Weimar Alexander Cetina Lozada, presidente de la Federación de Juntas de Acción comunal del departamento de Arauca; Horacio Ramírez Mogollón, dirigente campesino de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galan Zorro -ASONALCA; Jorge Niño, presidente de junta de acción comunal de la vereda las Bancas en el municipio de Arauquita y el líder comunal Reinel Alfonso Aguilar Fonseca, presidente de la vereda las Acacias del Municipio de Arauquita – Arauca.

Exigimos ejercer su legítima defensa en libertad y garantías para el cumplimiento de las medidas de aislamiento en sus casas.

Comisión de Derechos Humanos

Congreso de los Pueblos