Congreso de los Pueblos, denunciamos y condenamos, el terrorismo de Estado, y las prácticas genocidas contra el liderazgo social, realizadas con la acción u omisión del Estado
UNO DE LOS DÍAS MÁS VIOLENTOS DEL AÑO CONTRA LAS COMUNIDADES
Abril 23 de 2020
El 22 de abril de 2020 se presentaron hechos donde se evidencia la violencia contra el liderazgo social y los humildes campesinos obligados a cultivar coca por la pobreza y el abandono del Estado. En el departamento de Cauca fueron asesinados tres líderes y en Tumaco, Nariño, una persona que estaba manifestándose en contra de la erradicación forzada perdió la vida por impactos de bala a manos de la policía, otros tres fueron heridos y se desconoce la gravedad de las lesiones.
Los hechos se presentaron hacia el mediodía, en inmediaciones de la vereda Agua Clara, en el Cañón del Micay, Corregimiento de San Juan de Micay, municipio de El Tambo, mientras sostenían una Asamblea Comunitaria, en donde se deliberaba frente a la gran problemática de violencia que aqueja la vida en el territorio. Los jóvenes Jesús Alberto Riascos y Sabino fueron sacados de la reunión, que a pesar de los ruegos de la comunidad fueron asesinados, al parecer por disidencias de las Farc, como informa la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca. Aún, seis horas después del crimen, los asesinos se encontraban en el lugar de los hechos, sin que las autoridades se hicieran presentes. Los dos jóvenes hacían parte del Consejo Comunitario Afrorrenacer-, Coordinador Nacional Agrario, que hacen a su vez hacen parte del Congreso de los Pueblos.
Estos crímenes, cometidos contra el liderazgo social, se podrían haber evitado si el Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Militares y las organizaciones internacionales defensoras de Derechos Humanos, hubieran tomado en serio, los hechos ocurridos en la misma zona hace tan solo una semana, donde fueron asesinados Teodomiro Sotelo, y Andrés Cansimance, que hacen parte del Consejo Comunitario Afrorrenacer, Coordinador Nacional Agrario- (CNA) y el Congreso de los Pueblos (CdP). Se tornan claros los objetivos genocidas por parte del Estado colombiano, que contribuye al desarrollo de condiciones para el exterminio del liderazgo social en la región, a manos de bandas paramilitares, narcotraficantes, y otras, con evidente connivencia de agentes estatales.
Lamentablemente otro hecho que se presentó el 22 de abril en Santander de Quilichao- Cauca, fue el asesinato del líder social y político de Marcha Patriótica, defensor de Derechos Humanos y de víctimas, Hugo de Jesús Giraldo López. Así mismo, hacia las 3:30 pm, en la vereda la Victoria del municipio de Tumaco, Nariño, en medio de enfrentamientos entre la policía antinarcóticos, antimotines y erradicadores, y en contra de la comunidad, en su mayoría indígenas, que protestaban contra el método de erradicación violenta de cultivos de uso ilícito, la policía arreció y con un impacto de bala por la espalda que causó la muerte de Ángel Artemio Nastacuaz Villareal y fueron heridos 4 indígenas, según información de la propia comunidad.
Como Congreso de los Pueblos, denunciamos y condenamos, el terrorismo de Estado, y las prácticas genocidas contra el liderazgo social, realizadas con la acción u omisión del Estado y sus instituciones encargadas de proteger la vida de los y las lideresas sociales, defensores de derechos humanos y de todos los ciudadanos de este país. Coincide, la violencia extrema, en las comunidades y regiones donde se disputa el territorio para la construcción de megaobras, como la hidroeléctrica Arrieros de Micay, en donde a pesar de la militarización estatal, grupos armados narco- paramilitares, se pasean sin ningún control y se enfrentan con otras bandas, carteles y demás grupos armados, por el dominio de corredores para extraer narcóticos.
Es fundamental, garantizar la vida y la permanencia en el territorio de estas comunidades. Sin embargo, ante la ausencia del Estado en la creación de una política nacional que proteja y priorice la vida, el territorio y las comunidades, las organizaciones sociales, defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales, debemos exigir que se priorice las condiciones dignas para el desplazamiento y que haya garantías para el retorno cuando haya cesado el riesgo.
Exigimos, al Estado Colombiano, a sus fuerzas militares, autoridades e instancias de control, tomar cartas en el asunto; detener el genocidio, desmantelar el paramilitarismo, respetar los acuerdos de paz en materia de erradicación manual y sustitución concertada con la comunidad y hacer llegar las ayudas humanitarias en medio de esta crisis causada por la violencia y por la pandemia.
También se le exige a la ONU, OEA, y demás instancias de alcance internacional, manifestarse de inmediato frente a este genocidio, presionar al Estado Colombiano para que respete la vida de los líderes y lideresas sociales y retome el camino de los diálogos de paz, encaminados a la justicia social y los cambios estructurales que acaben con las causas de esta violencia que no merece segar más vidas humildes.
Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz
Congreso de los Pueblos
