Como organización social y política, rechazamos, denunciamos y condenamos ante los procesos sociales, populares y políticos que defienden la vida, la libertad y la democracia en Colombia y el mundo, todos los hechos violentos presentados en contra del pueblo y su ejercicio legítimo a la protesta. Nos declaramos en alerta máxima.
ANTE EL GENOCIDIO POLÍTICO, EL MOVIMIENTO SOCIAL Y POPULAR COLOMBIANO SE DECLARA EN ALERTA MÁXIMA
Septiembre 17 de 2020
El 9 de septiembre de 2020 será recordado por mucho tiempo como un punto de inflexión de la lucha de clases en las calles de Bogotá. Ante las sistemáticas prácticas terroristas del Estado colombiano, evidenciadas con el asesinato a manos de la Policía Nacional de Javier Ordóñez, la reacción popular desató masiva y beligerantemente un rechazo memorable en Bogotá y en varias ciudades del país.
Colombia es una olla a presión que represa la rabia contra las medidas antipopulares del gobierno de Iván Duque. La corrupción, las actuales 56 masacres, los más de 1.000 asesinatos a líderes y lideresas sociales, así como el asesinato a 226 firmantes del Acuerdo de Paz con la exguerrilla FARC, sumaron la brutalidad policial. Esta semana 14 personas fueron masacradas en el marco de las protestas contra la brutalidad policial, 200 personas más sufrieron graves afectaciones en sus vidas; respuesta furiosa de la ultraderecha uribista.
Brutalidad gubernamental
El régimen reaccionó como es su costumbre: en principio posó de víctima, luego justificó el asesinato al abogado Javier Ordoñez. Sin embargo, la necropsia al abogado evidenció el brutal crimen y el Gobierno tuvo que pedir perdón. Enseguida se vio el apoyo de los medios de comunicación tradicionales, un montaje de matriz mediática donde señalaron que toda la violencia y desorden de la reciente semana en Colombia respondió al plan finamente preparado de la insurgencia, y que el movimiento social era cómplice y ejecutor.
Así negó de nuevo a través de la violencia institucional el derecho constitucional y fundamental a la protesta social, construyó nuevos falsos positivos judiciales contra jóvenes que participaron en las protestas, y negó a los defensores y defensoras de derechos humanos hacer su trabajo durante las jornadas de movilización. En ciudades como Bucaramanga los medios regionales fueron caja de resonancia de los aparatos de inteligencia, y altavoces de la doctrina de seguridad nacional, estigmatizando a nuestro compañero el profesor Leonardo Jaimes.
El proceso social y político Congreso de los Pueblos no fue ajeno a estos señalamientos. En transmisiones reiteradas fueron estigmatizas nuestras banderas y consignas, nuestros líderes y lideresas como si fueran delincuentes.
¡Duque responda!
No hay duda de que las prácticas de los aparatos institucionales de seguridad, inteligencia, policía y fuerzas militares se enmarcan en la doctrina caduca de la seguridad nacional y el enemigo interno, muy acordes a la ideología fascista. La ilegitimidad del régimen de Duque está sobre la mesa, así como la de Carlos Holmes Trujillo -Ministro de Defensa-, y los altos mandos de la Fuerzas Militares y Policía.
Como organización social y política, rechazamos, denunciamos y condenamos ante los procesos sociales, populares y políticos que defienden la vida, la libertad y la democracia en Colombia y el mundo, todos los hechos violentos presentados en contra del pueblo y su ejercicio legítimo a la protesta. Nos declaramos en alerta máxima. Nuestra vida y nuestra libertad están en peligro ante un Gobierno genocida, ilegítimo, de ultraderecha, emparentado con la corrupción, el narcotráfico y paramilitarismo.
Llamamos a respaldar la lucha y la movilización popular en Colombia y a manifestarse públicamente contra las medidas del régimen fascista e ilegitimo del Presidente Iván Duque.
#QuePareElGenocidio
Equipo Nacional de Derechos Humanos
Congreso de los Pueblos
