La defensa de la vida, la libertad y la lucha por las transformaciones sociales debe continuar con mayor intensidad en las calles, carreteras, veredas y son bienvenidas las diferentes expresiones sociales y populares, 2020 es un año de lucha por la dignidad.
NO MÁS TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA
Febrero 14 de 2020
Enero de 2020 fue tal vez el mes más violento contra líderes y lideresas sociales y excombatientes desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC-EP en la Habana. Por lo menos 33 asesinatos se perpetraron en casi todo el territorio nacional y en la mayoría se sospecha de la acción u omisión de la fuerza pública, afianzando la práctica del terrorismo de Estado, que nunca ha parado en Colombia, y que todos los gobiernos y sus cúpulas militares han desarrollado para acallar y exterminar los procesos que buscan las transformaciones de la sociedad. Las cifras de asesinatos desde el 1 de enero de 2016 hasta enero de 2020, son escandalosas y se acercan a los 1.000 casos, 185 de ellos de excombatientes de las FARC-EP que firmaron el acuerdo de paz con el Estado Colombiano, en el gobierno de Santos.
No dudamos en calificar al régimen de Iván Duque como autoritario y antidemocrático. Este gobierno además de genocida, se caracteriza por la sumisión vergonzosa a las políticas imperialistas de los EEUU, en cabeza del criminal, racista y xenófobo Donald Trump, que reactivó bajo su mandato la injerencia y la guerra contra los gobiernos progresistas en América Latina, y en general contra los procesos sociales y populares que luchan para derrotar el modelo neoliberal en todo el continente.
El régimen de Duque tapa un escándalo con otro, entre diciembre de 2019 y febrero de 2020 el país conoció la confesión de un militar ante la JEP que puso al descubierto una fosa común con cuerpos de víctimas de falsos positivos en Dabeiba, Antioquia; luego el allanamiento a una base militar a manos de la Corte Suprema de Justicia por chuzadas contra magistrados, políticos de oposición y periodistas sorprendió al país; la sociedad observó atónita la feria de nombramientos en altos cargos de los amigos del presidente y familiares de sus aliados corruptos; investigadores de la universidad Javeriana dieron a conocer listado de empresarios que apoyan y financian el paramilitarismo; renunció el comandante de las FFMM por bombardeo de menores de edad; por negacionismo del director del Centro de Memoria Histórica Colombia fue excluida de la organización más importante en la materia en el ámbito internacional.
El mundo presencia la absurda política de violación a las normas internacionales del Estado colombiano al desconocer los protocolos firmados ante garantes en la Habana, en medio del proceso de paz con el ELN; en su afán de agradar a Trump, Duque mantiene el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela a pesar de las denuncias de corrupción de este personaje, luego Duque tiene que afrontar la captura de Aida Merlano por parte de los organismos de inteligencia leales a Maduro lo que pone en evidencia la política criminal de compra de votos en cabeza de los partidos aliados del gobierno; pero Duque comete otro desafuero solicitando la extradición de Merlano ante el impostor Guaidó, quien no tiene la más mínima posibilidad de garantizar su extradición; además de continuar negando la sistematicidad de los asesinatos de líderes sociales, el gobierno observa impávido como el jefe del ejército, Zapateiro, llora públicamente por el fallecimiento del narcoterrorista Popeye, actitud que deja al desnudo las preferencias y los vínculos criminales de los militares en Colombia. Todos estos escándalos encabezados por servidores públicos van de la mano con las acciones delincuenciales y la práctica del terrorismo de Estado y la guerra sucia en contra de la oposición política y el movimiento social y popular.
Denunciamos la ola de crímenes, escándalos, agresiones, atentados, persecución y amenazas contra el movimiento social y popular, práctica genocida del Estado que busca exterminar la oposición política y cualquier asomo de protesta y cambio social. Condenamos la arremetida que en febrero de 2020 desataron las Águilas Negras, que son organismos del ejército y la policía actuando clandestinamente, y los paramilitares “Gaitanistas” quienes se dedicaron a amenazar a la dirigencia indígena, a los sindicalistas, senadores alternativos, jueces, y miembros de los movimientos sociales y políticos en todo el país y especialmente en los departamentos del Cauca, Nariño y Valle del cauca. Se destaca allí la amenaza contra el dirigente defensor de ddhh, vocero de la Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria Cristian Delgado, este 12 de febrero; así mismo condenamos el asalto que hombres armados hicieron a la sede de la organización Juventud Rebelde en Bogotá, y los hostigamientos a estudiantes de la FEU, organizaciones muy activas en medio del paro nacional. Rechazamos las amenazas a los miembros del Comité Nacional del Paro, a los maestros de FECODE, y la dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en cabeza de su presidente Diógenes Orjuela y su secretario de ddhh Omar Romero. Las amenazas de muerte que se dieron el 7 de febrero de 2020 en El Salado, Carmen de Bolívar, donde el paramilitarismo campea con beneplácito del Estado, en contra de 25 maestros por participar de la protesta social. Y, el atentado que este 8 de febrero sufrió el expresidente de Fecode, profesor Carlos Rivas, cuando su vehículo fue atacado a tiros en el Guamo Tolima. En el último año han sido asesinados 12 maestros.
Rechazamos y condenamos la persecución judicial contra las organizaciones que hacen parte del Congreso de los Pueblos en la región del Centro Oriente de Colombia, el régimen de Iván Duque viene desarrollando la práctica genocida de la judicialización que se extiende desde el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y que hoy tienes más de 35 líderes sociales de las comunidades y de la conducción política de ese importante proceso tras las rejas. Los más recientes casos se llevaron a cabo el 30 de septiembre de 2018 en Casanare con la detención de cuatro importantes líderes entre ellos Hermes Burgos dirigente de ASONALCA, y Myriam Aguilar lideresa de ASMUC; el 27 de noviembre de 2018 fueron capturados ocho líderes de comunidades por acción de un cuerpo especializado de la fiscalía, EDA, que negocia contratos con las empresas petroleras para judicializar a los líderes de las comunidades. El 11 de abril de 2019, fueron detenidos otros dos líderes de ASONALCA Carlos Romero y Fredy Figueroa; el 7 de diciembre de 2019 el compañero José Murillo uno de los más importantes organizadores sociales y políticos del centro Oriente. Este 10 de febrero de 2020 en Arauquita fueron capturados Wbeimar Cetina presidente de la federación de Juntas de Acción Comunal de Arauca y Horacio Ramírez dirigente campesino de ASONALCA. En total el Congreso de los Pueblos supera los 200 casos de judicialización de sus líderes y lideresas, con más de 50 de ellos privados de la libertad. Lo que constituye como en el caso de los asesinatos de líderes en una práctica sistemática de violación de ddhh, persecución y criminalización en contra de las luchas que libran las comunidades en sus territorios.
Hacemos un llamado al movimiento social y popular colombiano, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales, a las embajadas y a los pueblos que en todo el mundo creen y luchan por la democracia y la defensa de la vida para que nos juntemos en un solo grito que logre la condena de los perpetradores de tantos vejámenes en contra de los derechos humanos en Colombia.
La defensa de la vida, la libertad y la lucha por las transformaciones sociales debe continuar con mayor intensidad en las calles, carreteras, veredas y son bienvenidas las diferentes expresiones sociales y populares, 2020 es un año de lucha por la dignidad.
CONGRESO DE LOS PUEBLOS
