El Decreto 601, es un verdadero retroceso en el camino de la Paz, una bofetada contra todas las organizaciones que trabajamos y soñamos con una paz con participación de la sociedad
TRAMPA CONTRA LA PAZ
Mayo 1 de 2020
La construcción de la Paz debe permitir abordar las causas que dieron origen al conflicto social y armado en Colombia, sino no es paz.
En medio de una crisis humanitaria por la pandemia, una grave situación carcelaria, genocidio de líderes y lideresas sociales, corrupción estatal y agudización de la pobreza, el gobierno saca el Decreto presidencial 601 del 28 de abril de 2020, que lo habilita para llamar a narco-paramilitares, las disidencias de las Farc y los denominados Pelusos a someterse a la justicia de manera individual.
El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, asevero en la W radio que, “El decreto 601 del día de ayer, le da instrucciones para tres cosas, primero, verificar la voluntad real de paz; segundo, verificar la voluntad real de reinserción a la vida civil y, aquí está un tema novedoso, la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados”. Considerar que este mismo tratamiento aplica para grupos alzados en armas que se oponen al actual modelo económico y político que rige en el país, es ignorar las causas que han llevado a Colombia a estar inmerso en un conflicto social y armado durante más de medio siglo y menguar una posibilidad de solución política a ese conflicto.
Aunque el gobierno aclara que la insurgencia del ELN tiene un reconocimiento político, en repetidas exposiciones en medios de comunicación masiva, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, precisa que no se trata de desarrollar procesos de Paz sino de sometimientos individuales bajo el argumento de que han sido exitosos desde 2003 y, en consecuencia, será la ruta del actual gobierno[1].
Entonces, meter en la misma lógica al Ejército de Liberación Nacional que es una organización insurgente y con fines políticos, con paramilitares y narcotraficantes[2], quitándole el fundamento al proceso de paz, dejando de lado los avances en la mesa de conversaciones, desconocer la agenda de solución política pactada entre Estado y ELN hacia lograr objetivos políticos y sociales de un eventual acuerdo de paz, no es aceptable.
El gobierno Duque, con pésima imagen nacional e internacional, incapaz de afrontar una aguda crisis que vive Colombia, en asuntos sociales, políticos, económicos, en derechos humanos y cumplimiento de los acuerdos de paz, por un lado, muestra su interés de una aparente paz con todos los actores armados; de otro lado legaliza sectores afines de paramilitares y narcotraficantes, a los que la sociedad viene asociando con el gobierno; y finalmente pretende conminar a la insurgencia a una política de sometimiento. Mientras tanto la paz seguirá esperando en medio del relato guerrerista de un gobierno mafioso y corrupto, que ignora el llamado de la ONU para trazar una ruta para la paz y, por el contrario, agencia una política represiva contra todo aquel que salga a protestar y exigir justicia social.
El Decreto 601, es un verdadero retroceso en el camino de la Paz, una bofetada contra todas las organizaciones que trabajamos y soñamos con una paz con participación de la sociedad, tal como lo manifestaron numerosas organizaciones sociales y políticas, desde diferentes orillas políticas e ideológicas, en las Audiencias de Tocancipá convocadas por gobierno y el ELN; una paz que, además, garantice transformaciones y no se reduzca al sometimiento de personas insurgentes y al silenciamiento de los fusiles, y muy especialmente que no favorezca la impunidad.
[1] “la figura de la entrega, sometimiento o desmovilización ha venido presentándose en Colombia desde el año 2003, hace 17 años se viene dando la oportunidad a determinados grupos para que los individuos que pertenecen a esos grupos se puedan entregar a la justicia”. Entrevista en la W Radio, 29 de abril, al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.
[2] “En Colombia hay cinco grupos armados organizados, de acuerdo con la caracterización que hace el Consejo de Seguridad Nacional, esos cinco grupos son el ELN, las disidencias de las Farc conocidas como grupo armado residual, el Clan del Golfo, los Caparros y los Pelusos que son los antiguos miembros del EPL que operan en el Catatumbo”. IDEM.
¡La paz es con justicia social!
Congreso de los Pueblos
