PERSECUCIÓN, ESPIONAJE Y SEGUIMIENTO

Con la publicación de la investigación de la revista Semana titulada “Chuzadas sin cuartel”, sale nuevamente a flote que el Estado colombiano desarrolla y mantiene de forma sistemática una línea de persecución, espionaje, seguimiento a periodistas, medios de comunicación internacionales y nacionales de carácter masivo y alternativo, líderes políticos, organizaciones de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales.

La publicación deja ver como los batallones de ciber inteligencia – BACIB, las brigadas de inteligencia militar y el batallón de contra inteligencia de seguridad de la información – BACSI, se han convertido en entes que atentan contra la democracia y el mandato constitucional de velar por la seguridad y el bienestar de las y los ciudadanos, convirtiéndose, en los que en su tiempo fue el nefasto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, fungiendo como aparatos operativos del terrorismo de Estado.

Este nuevo destape adquiere características aún más graves si lo contextualizamos en el escalamiento de la guerra y la militarización de la sociedad, que facilita los asesinatos, judicializaciones y estigmatización al movimiento social y las organizaciones. No nos cabe duda, que la responsabilidad política de estos hechos recae en el Ministerio de Defensa y el presidente Iván Duque.

Reconocer el conflicto social y armado, así como las graves violaciones a los Derechos Humanos que se dan en Colombia, debe ser el primer paso que dé el gobierno, para que entienda que debe brindar las garantías a la oposición y medios de comunicación que hacen cubrimiento, investigación o tienen miradas diversas de la realidad nacional. Es evidente que el tema de fondo es la DOCTRINA MILITAR que promueve este modelo criminal y que ha sido cuestionada por usar manuales contra el movimiento social y la oposición política, doctrina que usa el aparato militar para intensificar la guerra en las regiones.

Esta investigación denuncia que unas 130 personas de nivel nacional e internacional han sido objeto de chuzadas. El Congreso de los Pueblos rechaza y repudia esta situación y exige del Estado Colombiano:

• Asumir la responsabilidad de la integridad, y brindar las garantías para la protección de las personas y organizaciones objeto de esta persecución.
• Abrir los expedientes de estas operaciones de inteligencia militar en Colombia y así mismo que se haga público el listado de las víctimas de las chuzadas.
• Las entidades de control deben asumir las investigaciones que permitan reconocer estas prácticas como sistemáticas en el Estado y, en consecuencia, buscar los responsables intelectuales que han dado estas órdenes.
• Abrir un debate nacional sobre la necesidad de desmontar la actual doctrina militar antidemocrática, desmontar las estructuras de inteligencia criminal y depurar las fuerzas militares.

Congreso de los Pueblos

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