Llamamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos a acompañar el PARO NACIONAL, haciendo veeduría a las acciones y a velar porque el Estado colombiano cumpla a cabalidad con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y garantías a la protesta social.
Represión y violación de Derechos Humanos:
La respuesta del gobierno frente al PARO NACIONAL
El 21 de noviembre inicia un nuevo momento en el camino del pueblo colombiano por la transformación política, social, económica y cultural de la vida en el país. El pueblo colombiano ha sido participe de miles de movilizaciones, plantones, conciertos por la vida, marchas, paros, mingas, urambas, convites, asambleas y demás acciones de construcción de propuestas y exigencia de derechos desde cada uno de los sectores, comunidades y territorios. EL PARO NACIONAL se ha expresado en todo el territorio colombiano, desde la Guajira hasta el Amazonas, desde Nariño hasta Guainía. Su expresión ha sido diversa y emotiva; toda una muestra de inconformismo frente a la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la violencia estatal, la destrucción de la naturaleza, el abandono del campo y la comunidad campesina, el exterminio de los pueblos indígenas y negros, los daños a sus territorios, la crudas realidades urbanas, los feminicidios, la falta de derechos, las privatizaciones y el incumplimiento de los mínimos constitucionales en materia de derechos y de los acuerdos hechos por los gobiernos con las organizaciones, sectores y movimientos sociales. El paro iniciado el 21N es entonces un legítimo y valeroso esfuerzo del pueblo colombiano para cambiar lo que deba ser cambiado y lograr la vida digna para todas y todos.
La respuesta del Gobierno ha sido la represión y la violación de los Derechos Humanos. Previo a la jornada del 21N, el Gobierno, el centro democrático y sectores de la derecha, desataron una propaganda sucia y mentirosa en contra del Paro Nacional; las falsas noticias, la estigmatización y una campaña de miedo, fueron la constante. El señalamiento a los líderes y lideresas del Paro y la intención de “enmarcarlo” como una acción de grupos ilegales y actores internacionales, cobro fuerza en las redes sociales y medios. Como parte de la campaña de estigmatización y persecución, se limitó la libre expresión y la libertad de prensa, el 19 de noviembre se realizaron 27 allanamientos en Bogotá y 10 en Valle del Cauca y Antioquia en contra de ciudadanos convocantes del paro, revistas culturales y colectivos gráficos; al día siguiente un juez de control de garantías declaró ilegales la mayoría de los allanamientos en Bogotá; nuevamente un falso positivo judicial con el único fin de amedrentar a la población y negar el derecho a la libre protesta y movilización.
El 20 de noviembre el Gobierno de Duque expidió el decreto 2087 -2019 “por el cual se dictan medidas de seguridad para el paro nacional” donde se faculta a gobernadores y alcaldes a decretar toques de queda y el llamado a las fuerzas militares para el control el orden público. Esa misma noche se observó un innecesario despliegue de la fuerza pública en plazas y alrededores de los sitios de concentración programados para el Paro Nacional.
Pese a ello se han movilizado millones de personas en todo el país. La no violencia por parte de los manifestantes ha sido una de las principales características durante el Paro. Sin embargo, dando cumplimiento al mandato de represión emitido por el Gobierno Duque, la policía y el Esmad han irrespetado y agredido a las manifestaciones y a las personas que participan en ellas. Entre el 21 y el 23 de noviembre, la Campaña Defender la Libertad: asunto de tod@s en la cual trabajamos junto con otras organizaciones, ha registrado un total de 831 personas detenidas en el territorio nacional y 25 heridos de gravedad. Sabemos que son muchos más. La brutalidad, el exceso de fuerza y la arbitrariedad han caracterizado la acción de la fuerza pública; Una de las peores agresiones fue la sufrida el 23 de noviembre por Dilan Cruz, un joven de 18 años, que fue herido en la cabeza por un impacto de algún tipo de munición disparada a corta distancia por el Esmad. En este momento se debate entre la vida y la muerte. Estos hechos evidencian que la directriz es impedir de cualquier forma la movilización y la protesta social a través de la agresión física, los hostigamientos mediáticos y la judicialización.
La militarización de las ciudades ha sido durante este paro una constante respuesta gubernamental, la restricción de las plazas públicas como forma de limitar el derecho a la movilización aunada a la declaración de toques de queda en Cali, Popayán, Facatativá, Bogotá, y Manizales. El presidente ha anunciado que de continuar el Paro podría decretar el Estado de Conmoción Interior, una clara amenaza al pueblo manifestándose.
De igual forma son varios los hechos irregulares con los que se ha atacado el Paro. El 21 de noviembre en Cali y el 22 en Bogotá se realizó una campaña de terror, en el marco de los toques de queda, por medio de falsas llamadas y mensajes virtuales de “robos y saqueos a unidades residenciales y pequeños locales comerciales por vandalismo” relacionándolos con la protesta; generando pánico, zozobra y creando “la necesidad” del ejército en las calles; de igual forma son múltiples las pruebas de infiltración por parte de la Fuerza Pública en las movilizaciones para generar desmanes. Estrategias de pánico y sabotaje utilizadas ampliamente por estados fascistas como parte de las políticas de seguridad y defensa.
Frente a la respuesta del Gobierno exigimos que se brinden todas las garantías para nuestro derecho a la protesta social entre esas:
Llamamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos a acompañar el PARO NACIONAL, haciendo veeduría a las acciones y a velar porque el Estado colombiano cumpla a cabalidad con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y garantías a la protesta social.
A las plataformas y organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos a que acompañen activamente el PARO NACIONAL siendo garantes del respeto a los derechos de los y las manifestantes, documentando y denunciando los casos de violaciones a los DDHH y exigiendo al gobierno nacional garantías para la protesta y protección de quienes ejercen su derecho a la movilización.
¡EL PARO AVANZA!
Comisión de Derechos Humanos
Congreso de los Pueblos
