El domingo 28 de abril, mientras se instalaba el Refugio Humanitario en la ciudad de Bogotá, diferentes comunidades campesinas e indígenas del Nororiente colombiano se encontraban congregadas en punto de concentración El Porvenir. Conjuntamente con miles de personas en el país se movilizaron desde sus territorios desde el 22 de abril para apoyar el Paro Nacional del 25.


El Paro Nacional en oposición al Plan Nacional de desarrollo y sus políticas nefastas para el país que criminaliza la gente pobre y entrega los recursos del país a las multinacionales.


Las comunidades piden una mesa de negociación con el Gobernador de Norte de Santander, para tratar de los incumplimientos de los acuerdos anteriores. Sus solicitudes fueron desoídas hasta tanto la comunidad no mostró su disposición a bloquear el tráfico por la vía aledaña al punto de encuentro.


Las diferentes delegaciones de otras regiones del país arribaban a la Capital, mientras las y los campesinos e indígenas de la región nororiental reunidos en El Porvenir, se tuvieron que volcar a la carretera hacía la una de la tarde del domingo 28 de abril, hasta que dos horas mas tarde el gobernador anuncie su llegada al sitio de concentración sobre las cinco de la tarde. A las seis de la tarde quedó acordada la instalación de una mesa para el lunes 29 de abril desde la 6 am. Entre los puntos en la agenda propuesta por los manifestantes se encuentran el impacto ambiental de los proyectos económicos estipulados para la región, los programas de sustitución de cultivos y la soberanía alimentaria, entre otros.


De acuerdo con los informes de Derechos Humanos publicados por quienes hacen acompañamiento jurídico a la movilización, las colectividades allí reunidas han debido sortear difíciles condiciones impuestas por los esquemas de “seguridad” estatal cuyas prácticas provocan e intimidan a los participantes de la manifestación. Según el Boletín de Derechos Humanos publicado por el Equipo Jurídico Pueblos y la Red de Hermandad y solidaridad con Colombia, el día 27 de abril “les han sindicado de causar daños y afectar los derechos de terceros; mantienen una vigilancia permanente con fines de identificar y judicializar a los/as presentes, lo cual se suma al porte de sofisticado armamento de guerra, el uso permanente de drones y el sobrevuelo de helicópteros por el sitio”.


Las comunidades protestan contra las políticas nefastas del gobierno y se enfrentan a la represión, ya sea en la Minga, el Paro, las movilizaciones estudiantiles, ya sea en el Cauca, en el Chocó o en el Putumayo como el día lunes 29 de abril cuando el ESMAD arremetió contra la protesta social dejando varios heridos. Los liderazgos destacados de estas protestas terminan encarcelados en medio de montajes judiciales, amenazados o asesinados. Es lo que vinieron a denunciar miles de lideres sociales que se vinieron de sus territorios a la ciudad de Bogotá en el Refugio Humanitario.