EXIGENCIAS POPULARES A UN GOBIERNO GENOCIDA
Mayo 24 de 2021
La gestión mediocre, sesgada y clasista de la pandemia que hace el gobierno Duque profundizó la inequidad social, la pobreza, y la exclusión. Los sectores más vulnerables tuvieron que decidir entre correr el riesgo de contagiarse o ver morir de hambre a sus familias. El gobierno de Iván Duque, autoritario, mafioso y dictatorial tomó una serie de medidas que solo favorecieron a la Banca y a grandes conglomerados económicos.
Ante esta grave situación, el pueblo atendió el llamado al Paro Nacional, salió a las calles, en una acción social directa sin antecedentes en el país. Hoy existe un levantamiento popular general, que ha ganado legitimidad en la sociedad y tiene avances organizativos, políticos, de coordinación, resistencia y defensa. Esto ya no es un paro, aquí se está construyendo un nuevo país.
La respuesta del régimen oligárquico ha sido la de continuar el proceso genocida contra los sectores, mayoritariamente juveniles, que lideran el levantamiento popular; a través de prácticas represivas que incluyen el terrorismo de Estado, los tratos crueles y degradantes, la tortura, la desaparición forzada, la violencia sexual, la mutilación, las detenciones arbitrarias y el homicidio. Entre el 28 de abril y el 20 de mayo de 2021, según la “Campaña Defender la Libertad: asunto de tod@s”, la Fuerza Pública y sus cuerpos élites como el ESMAD perpetraron actos que dejan las siguientes cifras: 992 víctimas de violencia física, 52 víctimas de homicidio, 1645 detenciones arbitrarias, 41 víctimas de lesiones oculares (perdida de uno de sus ojos), 87 víctimas de violencia sexual y violencias basadas en género y 89 personas desaparecidas.
Hoy, más que nunca, el emplazamiento a este gobierno genocida está vigente y, por eso, en materia de DDHH le exigimos:
• Parar la guerra y el genocidio contra el pueblo colombiano.
• Verdad y justicia para las víctimas y castigo a las personas responsables de los crímenes perpetrados en el marco del Paro Nacional, que se suman a la histórica violación sistemática de Derechos Humanos. Casos como la presunta tortura, homicidio y desaparición efectuados al interior del almacén Éxito del barrio Calipso de la ciudad de Cali y los hechos, aún confusos, que hablan de cuerpos sin vida lanzados al río Cauca para desaparecerlos deben ser investigados, aclarados y los responsables condenados.
• Ante las evidencias que muestran a las fuerzas militares y de policía disparando a los manifestantes y violando los Derechos Humanos deben renunciar: el Ministro de Defensa Diego Molano Aponte, el Director General de la Policía Nacional General Jorge Luis Vargas Valencia, el comandante de las Fuerzas Militares General Luis Fernando Navarro Jiménez, el comandante del Ejército General Eduardo Enrique Zapateiro y el Defensor del Pueblo Carlos Camargo, quienes han operado y dirigido esa violencia estatal y paraestatal o han hecho caso omiso a sus funciones legales y constitucionales de proteger los Derechos Humanos y hacer control, seguimiento y denuncia a tales hechos.
• La destitución de la procuradora general de la Nación Margarita Cabello, quien expresó en documento público su respaldo a la actuación de la Fuerza Pública y renunció a su deber constitucional de vigilar y sancionar a los servidores públicos involucrados en graves violaciones a los Derechos Humanos.
Expresamos públicamente que el único que legal y constitucionalmente es responsable de proteger los Derechos Humanos es el Estado colombiano; por ello, las acciones de sus agentes y servidores públicos se constituyen como graves delitos de violaciones de DDHH y como tal deben ser investigados y condenados.
Los Derechos Humanos no son sujetos de protocolización, es obligación garantizarlos y desarrollarlos. Los genocidas deben ser enjuiciados y condenados como responsables. Los llamados “protocolos de garantías” no deben ser utilizados por el gobierno como una herramienta más para limitar la acción legítima del pueblo.
La comunidad internacional debe emplazar y exigir a los organismos nacionales e internacionales responsables de velar por la defensa de los Derechos Humanos, conforme a las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que se investigue y judicialice a los perpetradores en los diferentes niveles de responsabilidad.
Es fundamental la eliminación de la doctrina militar y su visión del concepto del enemigo interno, desmilitarizar la vida y los territorios, el desmonte del paramilitarismo de Estado y de fuerzas élites como el ESMAD, factores que criminalizan la movilización, dan tratamiento militar a la protesta social, legitiman y le abren paso a la estigmatización, persecución y exterminio de los procesos sociales y políticos que ejercen su libre derecho a pensar críticamente, actuar diferente y considerar la realización de cambios estructurales en la conducción del país.
Exhortamos a la comunidad internacional a parar el financiamiento, el entrenamiento y venta de equipos, vehículos y material de guerra al Ejército y a la Policía de Colombia, puesto que están siendo usados para perpetuar el genocidio contra el pueblo colombiano.
¡A parar para avanzar, viva el Paro Nacional!
