Ganar en las calles perder en la ley
Hay reformas legislativas que parecen más una venganza de un establecimiento ardido que una apuesta normativa. El 25 de enero de 2022 se sancionó por parte del Presidente de la República la nueva Ley de seguridad ciudadana, según la cual la principal amenaza a la ciudadanía es el ejercicio del derecho a la protesta social por parte de la misma ciudadanía.
La reforma aprobada es una de aquellas pruebas que no deberíamos responder con legislación estable asuntos coyunturales. Más allá de lo antitécnico de mezclar reformas al código penal, al código de procedimiento penal, al código de policía, al código penitenciario e incluir nueva legislación sobre licenciamiento de armas menos letales, esta mezcla de modificaciones constituye una suma de sinergias represivas que, antes de ayudar la convivencia, pueden devenir en imposibilidades en materia de gobernabilidad social al quemar los barcos del diálogo sin zarpar siquiera.
Mientras la Corte Suprema llamaba a la revisión de los protocolos de actuación de la fuerza pública en el marco de las movilizaciones sociales, esta reforma emprende un camino inverso; podemos tomar como ejemplo la modificación introducida al “traslado por protección” desfigurado a tal punto que en la práctica y como fue caracterizado por la Campaña defender la libertad un asunto de todas; esta forma de retención es arbitraria a la luz de la normatividad internacional.
Las modificaciones al traslado por protección apuntan a disminuir el control por parte del Ministerio público al obligar el informe de retención solo al superior jerárquico, habilitar la incomunicación durante el traslado y elimina la posibilidad de ser entregado a un allegado que vele por su integridad, permitiendo solo la hipótesis del familiar, así como facilita el traslado por el solo hecho del consumo de sustancias en el espacio público. Esta medida que emula con mayor intensidad la retención administrativa es una declaratoria de amor al estatuto de seguridad de César Turbay (1978-1982).
Uno de los puntos en los que el autoritarismo hizo gala de creatividad fue en el esfuerzo de tipificar de forma soterrada la protesta social; en otras palabras en convertir la protesta social en delito, a medida que se lee la ley sugerir tipos penales como el avasallamiento de bienes, que más allá de la odiosa inversión de principios que implica proteger cosas y desproteger personas, habla de la ocupación violenta o incluso pacifica de un bien como delito, habla también de la obstrucción a la función pública como delito, que dicho sea de paso, es la categoría más amplia posible para hablar de las cosas que hace un Estado, a renglón seguido encontraremos el agravante por uso de elementos que dificulten la identificación; todos estos elementos describen el acontecer ordinario de la protesta como la conocemos hoy en día.
A esta reforma la mueve un apetito por la judicialización, todas las cifras de hacinamiento carcelario nos dicen que a mayor número de prisiones mayor población en prisión y no menor hacinamiento, en la voracidad del populismo punitivo siempre hay espacio para nuevos enemigos y esta normatividad afloja el cinturón para llenar calabozos con miles de jóvenes a los que la institucionalidad no supo responder frente a los reclamos de comida y oportunidades, quizá no haya espacio en un comedor pero siempre habrá una cárcel de puertas abiertas; bien podría ser esta una síntesis de la exposición de motivos de la nueva ley de seguridad ciudadana.
Si no se tratara de normas asociadas a penas de prisión de todas formas darían pena. El aval rampante al paramilitarismo a través de la figura de la legitima defensa privilegiada o el encomio al porte de armas por grupos ciudadanos se encuentra al otro extremo de esta normativa, mientras hace a los ciudadanos más jóvenes delincuentes automáticos habilita a otros a dispararles, a hacer lo que ya hicieron durante la Minga en Cali, en Puerto Resistencia, en Bogotá, en Medellín, y lavar sus crímenes en la ley; toda una pilatuna etimológicamente hablando -de Pilatos-.
Este panegírico a la ley de los caballos, al estatuto de seguridad, a la seguridad democrática, oculta la pasión clandestina e institucionalizada por la masacre de las bananeras, por la Chinita y Macayepo, por El Aro, El Salado y Bahía Portete, por legitimar lo que paso en Bogotá del 9 al 11 de septiembre de 2020, es el miedo del gobierno a su propia gente en un molde estrecho por el que no pasa la democracia con alguna técnica legislativa.
#SerLíderSocialNoEsDelito
