Seguimos levantando la bandera por el desmonte del ESMAD y la discusión de la doctrina militar que conlleva al tratamiento militar y la criminalización de la protesta social
PRONUNCIAMIENTO
PÚBLICO
Bogotá,
11 de febrero de 2020
El
anuncio del protocolo de reacción contra explosivos en universidades realizado
por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, incluye la autorización de ingreso
de la fuerza pública al interior de recintos universitarios. Debemos advertir
que esta medida se desarrolla en contravía de la autonomía universitaria, y
pone en riesgo la vida y seguridad de estudiantes y manifestantes. Los
antecedentes en el uso de esta medida nos permiten afirmar que se presta para
un uso indebido y desproporcionado de la fuerza por parte de los miembros de la
fuerza pública que realizan la intervención.
Desde
el 21 de noviembre del 2019 el país ha sido testigo de los abusos de autoridad,
violación de protocolos en materia de Derechos Humanos e implementación de
armas de letalidad reducida que se han usado para reprimir las manifestaciones
que se vienen desarrollando en Colombia, con consecuencias que van desde
lesiones menores hasta pérdida total de la visión, la movilidad e incluso la
vida, como el asesinato de Dilan Cruz por parte de un agente del ESMAD en el marco del Paro Nacional el
día 23 de noviembre de 2019 en la ciudad de Bogotá.
Ante
la posibilidad de ingreso de la fuerza pública a las universidades se prevé
escenarios de riesgo para vulneración masiva de Derechos Humanos a los
manifestantes, estudiantes, visitantes, administrativos y demás miembros de las
comunidades estudiantiles. La autorización de ingreso a centros universitarios
es una medida que cuenta con malos antecedentes en materia de excesos en el uso
de la fuerza, como la perdida de una de las extremidades de un miembro de la
fuerza pública en el año 2012 en la universidad de Antioquia, la retención
arbitraria de 15 estudiantes el 16 de octubre de 2009, e incluso resultados
letales, como el homicidio del estudiante de química Jhonny Silva Aranguren
tras la entrada del ESMAD al campus de la Univalle el 22 de septiembre de 2005.
Como
Comisión Nacional de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos rechazamos
esta medida e invitamos a alcaldes/sas y rectores/ras a rechazarla también,
evitando el ingreso de la fuerza pública a universidades del país y
privilegiando los escenarios de diálogo y concertación. Así mismo, hacemos
responsable a la alcaldía de Medellín en cabeza de Daniel Quintero Calle de las
consecuencias negativas que puedan derivarse de la aplicación de este
protocolo. Esto sin eximir al Estado colombiano de la responsabilidad que le
asiste en la garantía a la seguridad y la vida de todos los manifestantes
mediante el seguimiento estricto de los protocolos de los agentes de la fuerza
pública, especialmente el ESMAD.
Seguimos
levantando la bandera por el desmonte del ESMAD y la discusión de la doctrina
militar que conlleva al tratamiento militar y la criminalización de la protesta
social en contra del legítimo derecho a convocarla por parte de las comunidades
en el marco de la defensa de la vida y los territorios. La protesta social
constituye el desarrollo practico de una serie de derechos constitucionales
como lo es el derecho a la libre asociación, a la libertad de expresión, al
libre desarrollo de la personalidad entre otros, en esa medida no debe ser
criminalizada o estigmatizada a través de decisiones que aumentan la
vulnerabilidad de quienes ejercen su derecho.
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Congreso de los Pueblos
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