Son 147 líderes asesinados desde que Iván Duque asumió la Presidencia, y el 90% de casos continúan impunes.

Plantón en la Fiscalía General de la Nación

Exigiendo respeto a la Vida y la Libertad desde el Refugio Humanitario

En la tercera jornada del Refugio Humanitario por la vida, las instalaciones del Congreso de la República y de la Fiscalía General de la Nación fueron el escenario para evidenciar la crítica situación de violación a los Derechos Humanos que vive actualmente Colombia. Son 147 líderes asesinados desde que Iván Duque asumió la Presidencia, y el 90% de casos continúan impunes. En la audiencia pública convocada por miembros de la Bancada alternativa, entre otras organizaciones, se exigió la implementación efectiva de una política pública integral que proteja la vida de los líderes y lideresas sociales. El plantón en la Fiscalía, evidenció el acoso judicial contra los líderes sociales, tanto así que viniera hasta Bogotá para presentarse voluntariamente ante la Fiscal, y pedirle respuestas a la institución.

Audiencia Pública

El director del área de derechos humanos del Ministerio del Interior, Ricardo Arias, reconoció que la confianza entre el gobierno de Iván Duque y las comunidades está desgastada, y por ello “la Mesa Nacional de Garantías [la cual no funciona desde agosto del año pasado] será reactivada en el mes de mayo”.

La embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart Cussac, felicitó la iniciativa de traer los liderazgos del país a Bogotá, pues “los que estamos aquí no nos damos cuenta de las dificultades que viven ustedes en muchas partes de Colombia como defensores de la vida y de los derechos humanos”. Cussac se comprometió para que en el Parlamento Europeo se trate el tema del genocidio a los líderes y lideresas sociales, y se mantenga el acompañamiento en y desde los territorios: “Los panfletos que hablan de limpieza social y de paseos sin regreso son abominables y no debemos permitir que esto se convierta en paisaje”.

Aida Avella, senadora de la Unión Patriótica y de la Lista de la Decencia, cerró la Audiencia Pública recordando al campesino Dimar Torres, asesinado por las Fuerzas Armadas la semana pasada: “Es increíble que nos toca defendernos del Ejército y de los jueces. Es necesario que la Fiscalía responda porqué nos judicializan”. El rechazo a la militarización de los territorios en departamentos como Cauca, Antioquia, Arauca, Chocó, Valle y Norte de Santander también fue uno de los reclamos que Avella destacó.

Plantón en la Fiscalía

Luego de la jornada en el Congreso de la República, los líderes y lideresas sociales se dirigieron a la Fiscalía General de la Nación para exigir la respuesta del Fiscal Néstor Humberto Martínez por los montajes judiciales de los que son víctimas, denunciar la estigmatización y rechazar la ineficacia del Gobierno para evitar el genocidio.

Fernanda Mejía, de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca Aconc, manifestó que “con el plantón quedó evidenciado que no tenemos un Gobierno para la gente, sino un Gobierno para los empresarios y las multinacionales. Triste ratificarlo. “Antier estuvimos en tres embajadas, nos abrieron sus puertas, pero ayer fuimos a la Fiscalía y el Fiscal no es capaz de salir a dar ni siquiera un saludo”.

Martha Jeaneth Mancera, directora de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación, horas antes reconoció desde el Congreso de la República que la Fiscalía no llega a los territorios y por ello no conoce las circunstancias en que ocurren los asesinatos de los líderes y lideresas sociales, de tal manera que los autores materiales e intelectuales que determinan los crímenes no han sido investigados con eficacia. Mancera se negó a responder sobre los montajes judiciales.

Mientras los procesos exigían la libertad de líderes encarcelados, como Sara y Tulia Maris, Julián Gil, Ancisar Morales, una decena de líderes del Casanare y entre otras, José Murillo líder de los procesos sociales del departamento de Arauca, se presentó ante la fiscalía para exigir respuesta frente a los seguimientos que ha sufrido estos meses aparentemente por algún ente judicial. En marzo hizo llegar un derecho de petición para que la Fiscalía aclarará si él era objeto de investigación o de acusaciones. José Murillo fue víctima de un montaje judicial entre 2003-2006, del cual salió sin ser condenado después de 3 años de injusta reclusión. El 30 de abril se presentó a la Fiscalía con el objetivo de poder aclarar su situación. Salió una hora después, luego de que le notificaran que no era objeto de ninguna clase de requerimiento ni de investigación judicial. El movimiento exigió que entonces la Fiscalía general de la nación investigue y aclare los seguimientos denunciados por José Murillo.

Al finalizar la manifestación regresaron a la “Plaza de la Vida“, como rebautizaron a la Plaza de Toros La Santamaría para descansar y preparar la jornada de movilización de este 1 de mayo.